Duras críticas a la manera de administrar Justicia

En un fin de año intenso, la absolución de Fernando de la Rúa en el caso de las coimas en el Senado y la suspensión del fiscal José María Campagnoli, encargado de investigar una causa que involucra a Lázaro Báez por lavado de dinero, replantean el interrogante sobre si es casi imposible –o considerablemente difícil– condenar a figuras del poder por delitos de corrupción. PERFIL consultó a Julio César Strassera, el fiscal del juicio a las Juntas Militares; Roberto Gargarella, reconocido académico; Hernán Charosky, ex director de Poder Ciudadano, y al propio Campagnoli, para que dieran respuesta a esta pregunta.
“No sé si es imposible, pero es bastante difícil, porque generalmente el delito de corrupción no deja pruebas. Las presiones del poder político influyen dependiendo de quién sea el juez”, opina Strassera. Y de hecho, califica a jueces y fiscales en tres categorías: “Hay jueces que no son presionables por el Gobierno, otros que sí lo son y otros como Oyarbide o Casanello, que no necesitan presiones: los llaman por teléfono y hacen lo que quiere el Ejecutivo”. Norberto Oyarbide eludió pedidos de juicio político gracias al oficialismo y Casanello es duramente cuestionado por la lentitud con la que tramita las causas que afectan al kirchnerismo.
Gargarella, doctor en Derecho y escritor, analiza el problema de la subordinación de la Justicia al poder como una suma de factores: “Comienza por un derecho que debe interpretarse, y que siempre da márgenes para lecturas diferentes; y sigue con un Poder Judicial que en todos sus niveles tiene una composición sesgada en términos políticos y de clase, en el marco de una sociedad cada vez más desigual, que agrava todos los problemas anteriores”.
El factor desigualdad es central. “Genera que, por un lado, haya una tremenda disparidad en el nivel y la capacidad de influencia de los equipos de abogados que defienden a los poderosos, y los que defienden a los pobres; y que por otro, el derecho tienda a ser escrito, aplicado e interpretado de un modo muy parcial, a favor de los mejor ubicados, y en perjuicio de los que tienen menos capacidad para ‘torcer’ el derecho a su favor”, agrega.
Hace dos semanas, el Tribunal de Enjuiciamiento de fiscales –impulsado por el oficialismo– suspendió a Campagnoli por presunto mal desempeño en una causa en la que investigaba a Baéz. “Siempre es difícil la lucha por el derecho y más cuando investigás a gente poderosa –dice Gargarella–. Tenemos un sistema judicial que quizás no está bien preparado para enfrentar causas complejas. Generalmente la fiscalía o el juzgado tienen a su vez muchos otros casos que resolver, menos importantes pero sí urgentes”. Y en cuanto a las presiones políticas, sostiene que apuntan a “disolver los equipos que funcionan en causas de corrupción”.
Para Charosky, investigador asociado de Cippec y profesor en la Universidad de Palermo, los dos principales órganos que tienen que generar los incentivos para fiscales y los jueces no están ni bien diseñados ni funcionan correctamente. “El Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público son órganos muy politizados y utilizados de un modo que no es imparcial y es funcional a intereses políticos”, opina, y concluye: “Tenemos un sistema que más bien tiene incentivos perversos. Por su estabilidad, a los jueces y fiscales les conviene más jugar políticamente y presionar con las causas de corrupción en su beneficio, que resolverlas del modo correcto”.
Un cuadro sombrío, ¿pero reversible? Strassera confía en el proceso eleccionario. Gargarella considera que es reversible de a poco, comenzando por respetar y darles libertad de acción a fiscales y jueces. Y Charosky dice que puede revertirse con la renovación de los órganos de control judicial, con mucho consenso en el Congreso.