La polémica defensa de la docente K que esgrimió el presidente Alberto Fernández activó de manera inmediata el repudio de la dirigencia opositora que cuestionó el “adoctrinamiento” y tildó de “barrabrava” a la responsable.
Luego de la viralización del video, donde se ve a la docente de una escuela de La Matanza dirigirse de manera violenta a sus alumnos defendiendo las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, en contraposición con el macrismo, el mandatario sostuvo que haya sucedido ese “debate es formidable, abre la cabeza”.
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue uno de los primeros en rechazar la postura presidencial y si bien se consideró como un “defensor del debate”, subrayó que “no se puede usar el aula para hacer política. Es muy grave que el Presidente piense eso, nosotros queremos otro país”.
La reacción de la oposición viene encadenada con semanas de cuestionamientos al oficialismo por las fotos y videos de la reunión social en Olivos en plena cuarentena, por lo que no dejaron pasar el comentario del Presidente sobre la conducta de la docente. La proximidad de las PASO sirvió además como un escenario ideal para marcar las diferencias en el tratamiento del asunto, la valoración de la actitud de la docente y las prioridades de cada espacio.
En ese contexto se sumó la precandidata a diputada nacional María Eugenia Vidal, otra de las figuras fuertes del elenco electoral de Juntos por el Cambio y juzgó que “el Presidente avaló el adoctrinamiento”. La ex gobernadora bonaerense ya había hecho una primera lectura sobre el caso al señalar que “estos docentes son militantes. A la docente hay que separarla del cargo. No puede ser docente una persona violenta, hay que empoderar a los estudiantes”.
Patricia Bullrich, titular del PRO y representante del ala más dura de JxC, le pidió tanto a Alberto Fernández como al ministro de Educación, Nicolás Trotta, que “dejen de pregonar el pensamiento único” y le reprochó al mandatario que “en su derrotero al margen de la ley, agravia las instituciones que nosotros dignificamos”.
Desde el radicalismo adhirió a las críticas el jefe del interbloque de diputados de JxC, Mario Negri, que aspira a una banca en el Senado, y juzgó que “el Presidente ha cruzado todos los límites de la racionalidad, ya nada puede sorprender. Su palabra no vale, se ha desvalorizado, ha dinamitado los valores de la sociedad, eso es peligroso”.
Negri ya había manifestado su particular descontento con la docente, ya que previamente “tuiteó que los cordobeses somos unos idiotas y pidió la muerte para los que trajeron la variante Delta”.
Más allá del análisis del caso puntual, que motivó un alto revuelo mediático, la oposición intentó capitalizar valores ligados a la defensa de las instituciones y el rechazo a la violencia, frente a la militancia furiosa en las aulas que ya ha cuestionado en anteriores oportunidades.
El concepto de “abrir la cabeza” fue motivo de memes en las redes sociales, que utilizaron de manera irónica dirigentes como Fernando Iglesias del PRO, quien hizo una encuesta para preguntar qué era lo próximo que pensaba defender el Presidente: “el vacunatorio vip o la inflación de Guzmán”.
El jefe del radicalismo Alfredo Cornejo, en tanto, se refirió a lo mismo y citó que “el Presidente dijo que el ‘debate’ de la docente con el alumno ‘abre la cabeza’. Pero la abre a garrotazos, buscando adoctrinar y no enseñar. El nivel de violencia verbal es una aberración educativa. Violencia y no explicación”. En igual sentido, la diputada de UCR Evolución Carla Carrizo reflexionó que “con la Educación en crisis, Alberto Fernández confunde violencia y abuso de autoridad con ‘debate formidable’; delito con error; gestión con improvisación. Los costos institucionales de un Presidente que desconoce la ley. En democracia no hay que abrirle la cabeza a la gente”.
El debate ya llegó a un proyecto de ley
El diputado radical Luis Petri presentó un proyecto de ley “anti-adoctrinamiento” que propone modificar la Ley Nacional de Educación para reconocer el derecho de los alumnos a “no recibir adoctrinamiento político partidario por parte de funcionarios, directivos o docentes”.
El texto que ingresó a la Cámara de Diputados lleva la firma de unos 15 legisladores de Juntos por el Cambio que buscaron marcar así su rechazo a la conducta de la docente de La Matanza y encontrar una vía institucional para impedir este tipo de situaciones. “La escuela está llamada a ser un instrumento para el fortalecimiento de la democracia y no puede transformarse en rehén de un partido político para imponer sus ideas”, dijo Petri.
