La desmentida de AFIP a traves de la agencia Télam no fue suficiente para frenar las críticas luego de que se conociera la investigación que el ente recaudador realizaba sobre el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, sus hijos y su contador personal, Héctor Daniel Marchi.
Pese a no haber emitido un comunicado oficial, la AFIP rechazó a través de la agencia estatal las acusaciones del titular del maximo tribunal, reveladas ayer por Perfil.com.
Denuncia penal. El diputado nacional del PRO Federico Pinedo anunció que presentará una denuncia penal contra Ricardo Echegaray, para que se investigue si efectivamente ordenó seguimientos sobre el aporte impositivo de Lorenzetti.
"El poder democrático no puede ser utilizado con fines políticos o privados", remarcó Pinedo. "Hay que poner un límite; el kirchnerismo tiene que entender que no puede utilizar el Estado para destruir el sistema democrático que tanto nos costó tener ni tampoco para atacar los derechos de la gente", exhortó.
Enemigos. Por su parte, el consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi dijo que la supuesta investigación y otros ataques al Poder Judicial son "síntomas de una escalada contra la Justicia".
"El cristinismo no se maneja solamente por los enojos presidenciales sino que además desarrolla estrategias de mediano plazo cuando elige enemigos internos. Hoy el enemigo es la Corte Suprema en particular y el Poder Judicial en general, por haberse negado a cumplir la voluntad del Gobierno", sostuvo.
Para Fargosi, "estos ataques podrían derivar en un golpe de Estado contra el Poder Judicial. Este concepto, aunque en general es utilizado para definir ataques contra el Poder Ejecutivo, también se aplica al Legislativo y al Judicial porque los tres son poderes estatales".
A su turno, el diputado nacional por el peronismo disidente y también candidato Francisco de Narváez, calificó la supuesta pesquisa como un hecho "muy peligroso, lamentable y grave".
En tanto, el senador nacional por Chubut y miembro del Consejo de la Magistratura, Mario Cimadevilla apuntó que la investigación "tiene que tener algún tipo de aval político, sin lugar a dudas".
Explicaciones. El diputado nacional por el GEN-FAP, Omar Duclós, presentó un proyecto en el Congreso para que "se convoque de urgencia" al titular de la AFIP para que dé cuentas sobre la investigación sobre Lorenzetti y su entorno.
"Estos hechos se vinculan con los desatinados ataques de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a la Justicia en su discurso del 20 de junio en Rosario, ante el fallo de la Corte que declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura", recordó Duclós.
Fuera. La diputada nacional por Unión Por Todos Patricia Bullrich fue un paso más allá del resto de la oposición: exigió "la renuncia inmediata" de Echegaray por "abuso de autoridad".
"Desde ONCCA y AFIP, Echegaray reiteró actitudes de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y persecución", afirmó Bullrich.
"Vino por el campo, por los agentes inmobiliarios, por los cineastas, por Ciccone, por los countries, por los abuelos y por los periodistas que investigan a funcionarios", indicó la legisladora. "Ahora la presión y el amedrentamiento, se centra contra los miembros de la Corte, por el simple hecho de estar fallando en contra del deseo del Poder Ejecutivo", agregó.
"La persecución de la AFIP a los jueces, es un episodio gravísimo e incompatible con el sistema democrático. Exigimos la renuncia inmediata de su titular, Ricardo Echegaray", apuntó.
Decepción. "No es una Corte independiente", opinó el senador Aníbal Fernández. "Yo estoy decididamente en contra de la decisión de la Corte (de declarar la inconstitucionalidad de la eleccion popular de consejeros). Me da vergüenza ajena", espetó el legislador.
"En algún momento lo creímos, cuando Néstor Kirchner nos planteó que iba a ser una Corte independiente. Esta es una Corte opositora, no es una Corte independiente", afirmó.
En medio de la polémica, la titular de Justicía Legítima, la jueza María Laura Garrigós de Rébori, solicitó "que se pueda controlar" a los jueces, para que éstos "puedan rendir cuentas de su gestión".
