El fallo de la Justicia de Ghana que ordena la detención de la “Fragata Libertad” no sólo es violatorio de los Tratados Internacionales que obliga a la República de Ghana a garantizar la inmunidad de los buques de guerra sino que además ha colocado en riesgo los derechos humanos de los 326 tripulantes que se encuentran a bordo, entre ellos ciudadanos de Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Sudáfrica.
En su sentencia el juez ha prohibido la provisión de combustible a la Fragata. Esta prohibición impediría el funcionamiento de los generadores de energía que a su vez abastecen la cocina, cámaras frigoríficas que preservan los alimentos, baños, duchas, agua corriente y luz eléctrica. Aún más grave es que el desabastecimiento de combustible dejaría sin efecto el sistema de lucha contra incendios, las bombas de achique si se inunda el barco e impide el control de averías.
La única respuesta del juez ante el pedido argentino que contemple las posibilidades de una tragedia y la imposibilidad de contar con los elementos básicos de todo ser humano fue que lleguemos a un acuerdo con el fondo buitre que ha presentado la demanda. Queda claro, entonces, la intención del juez de obligar a un país soberano a negociar con una entidad dedicada a la piratería financiera desde su guarida fiscal en el Caribe. Esa opción, como se dijo ayer, es la única inaceptable para la Argentina.
Dicha actitud del Poder Judicial de Estado de Ghana deja en evidencia el verdadero transfondo de la operación. Un acto que “a prima facie” parecía un embargo comercial se le ha caído la careta y deja ver el verdadero rostro del poder de los fondos buitres que desde sus guaridas fiscales organizan un ataque que no es ni más ni menos que un secuestro, una extorsión y un acto de piratería contra un país soberano, miembro fundador de las Naciones Unidas y de reconocida participación en innumerables misiones de paz en los cinco continentes.
Ni el juez, ni los fondos buitres, ni sus socios argentinos lograrán torcer la decisión de un pueblo y su gobierno de rechazar las extorsiones a las que se nos quiere someter.
Ante esta situación la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha decidido evacuar en forma inmediata a la totalidad de los tripulantes argentinos y no argentinos a fin de preservar su integridad y dignidad dejando a bordo únicamente al Capitán y una dotación mínima necesaria para atender a la Fragata mientras permanezca detenida en el puerto. Asimismo, Argentina hace responsable al gobierno ghanés de todo y cada uno de los daños que sufra la Fragata Libertad hasta su liberación y de todos los perjuicios ocasionados por un acto ilegal y violatorio de las normas internacionales.
Asimismo la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha instruido al Canciller a trasladarse en forma inmediata a la sede de las Naciones Unidas donde el lunes a las 10 de la mañana se reunirá con el presidente del Consejo de Seguridad así como con todas aquellas comisiones que tratan las violaciones a los derechos humanos, los tratados internacionales y los delitos financieros.