“Basta de Py, de secretarios, de amigos y familiares”, es la frase que usan desde el Ejecutivo para explicar el criterio con el que van eligiendo los nombres para cubrir las principales vacantes del edificio de Retiro. La idea sobrevuela desde hace rato, pero pareció exacerbarse aún más tras la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, que liberó a Cristóbal López y cambió la carátula de la causa en su contra, lo que significó un revés para el oficialismo y recrudeció la tensión entre el Ejecutivo y Comodoro Py.
En el futuro cercano, el oficialismo tiene la oportunidad de cubrir seis vacantes allí. Cuatro en la Cámara de Casación Penal y dos, en la de Apelaciones. Ambas son instancias claves para la definición de causas de corrupción que involucran a ex funcionarios kirchneristas y preocupan al macrismo.
En Casación, el máximo tribunal penal del país, hay cuatro vacantes. Ahí el macrismo ya tiene dos nombres elegidos: los de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. Barroetaveña es juez del Tribunal Oral en lo Criminal 21 y su nombre saltó a los medios hace casi dos décadas, por ser el magistrado del caso del crimen de María Marta García Belsunce. Miembro de la Asociación de Magistrados, en 2010 volvió a tener en sus manos un caso mediático: el juicio por el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, que terminó con la condena a 15 años de prisión del sindicalista José Pedraza.
Petrone, por su parte, es miembro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de San Martín y vicepresidente del Consejo Directivo del Centro de Justicia de las Américas (CEJA). Antes de recalar en San Martín, pasó por el Fuero Penal Económico, donde tuvo a su cargo el caso por las valijas de Antonini Wilson.
Tanto el nombre de Barroetaveña como el de Petrone ya están en Presidencia, desde donde saldrán para el Senado en busca de acuerdo. En tanto que en una instancia previa están los nombres de los demás candidatos con chances de llegar a los despachos del primer piso de Comodoro Py: Javier Carbajo, Guillermo Yacobucci, Karina Perrilli y Cintia Gómez. Carbajo está actualmente en las filas de Casación, donde trabaja como secretario, Perrilli es jueza del Tribunal Oral en lo Penal Económico 3, en tanto que Gómez integra la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.
Las Salas I y II de la Cámara Federal de Apelaciones también tendrán novedades. En la primera, que actualmente está compuesta por Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero, se da por descontado que llegará en poco tiempo más Mariano Llorens. Será para ocupar la vacante que está libre desde hace más de diez años, tras la salida de Gabriel Cavallo. Llorens es actual secretario de un tribunal oral en lo criminal y su pliego ya está en el Senado.
La composición de esa sala es motivo de varias controversias. Allí, desde la salida de Cavallo, estuvieron Ballestero y Eduardo Freiler, quien fue destituido en noviembre pasado. Ahora, quien está en la mira del macrismo es Ballestero. El detonante fue el fallo de Cristóbal López y la convocatoria de Eduardo Farah, de la Sala II, para desempatar la situación. López terminó libre, con cambio de carátula a su favor, y Farah y Ballestero, denunciados por la legisladora Carrió.
La Sala II, integrada por Farah y Martín Irurzun, también tendrá novedades: el martes, el Consejo de la Magistratura llamó a concurso para cubrir la vacante que dejó la jubilación de Horacio Cattani, uno de los hombres más respetados y apreciados del fuero.
El puesto de Oyarbide, otro juzgado a nombrar
De los doce juzgados federales de primera instancia de Comodoro Py, solo uno de ellos está vacante. Se trata del 5, que históricamente ocupó Norberto Oyarbide, quien renunció en 2016, acorralado en el Consejo de la Magistratura. Para designar al magistrado a cargo todavía faltan varios pasos, pero en la orden de mérito provisoria figuran varios nombres con chances de llegar. En primer lugar, en el concurso quedó Juan Tomás Rodríguez Ponte, actual responsable de la Dirección de Captación de Comunicaciones y ex secretario del juzgado de Ariel Lijo. Aunque comenzó su carrera en Py, son muchos los que coinciden en que es quien más posibilidades tiene de llegar. “Sería la excepción que confirma la regla”, reconocen en referencia a la voluntad del macrismo de no elegir más jueces que hayan salido de Py. Detrás suyo aparecen el ex titular del Servicio Penitenciario Federal de la época kirchnerista Víctor Hortel y tres mujeres de distintos perfiles y que quedaron bien rankeadas: Agustina Inés Rodríguez, María Eugenia Capuchetti y Alejandra Alliaud, que contaría con el visto bueno del ministro de Justicia, Germán Garavano.
