El diputado de la Coalición Cívica (CC), Juan Carlos Morán, ratificó ante la Justicia la denuncia por sobreprecios, competencia desleal y "defraudación a la administración pública" en la preadjudicación de la obra de la Central Hidroeléctrica Chihuido I en Neuquén. El acuerdo se rubricó a principios de junio en la Casa de Gobierno entre la presidenta Cristina Kirchner y el gobernador neuquino Julio Sapag, pero a 60 días de que venza el plazo para sellar la adjudicación, la Justicia podría frenarla ya que la CC reclamará al Foro Contencioso Administrativo de la Capital que la preadjudicación sea impugnada cuanto antes.
Por el caso de Chihuido, Morán y otros tres diputados de la CC ampliaron una denuncia que había realizado la jefa del bloque, Elisa Carrió, por "asociación ilícita" contra Néstor Kirchner, el ministro de Planificaron Julio De Vido, el secretario de Energía Daniel Cameron y los empresarios K Cristóbal López y Gerardo Ferreyra.
Perfil.com accedió a documentos clave de la licitación y en ellos se observa como el Estado nacional es tomador y a la vez garante en el plan de financiamiento privado (no público) que López (Comercial del Plata Constructora, CPC) y Ferreyra (Electroingeniería) obtuvieron del Banco de Córdoba (Bancor), el Macro y el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES) para hacer frente a una inversión de más de 1.500 millones de dólares.
Estado omnipresente. En el caso del Bancor, la garantía que exige al consorcio de empresas cercanas a los Kirchner es la "cesión de recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos". Es decir, la caja de las provincias. En cuanto al Macro, la garantía se sustentará con "la cesión de recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal y otras garantías". Y no sólo eso, sino que en el partido de Carrió sospechan que las inversiones de la Anses con fondos de las jubilaciones en el Macro tendrían fines hidroeléctricos.
En tanto, en los tres créditos de las entidades financieras, el "Estado nacional" o un "fideicomiso a conformarse" figuran como tomadores de acuerdo a la documentación a la que accedió este medio. Morán aseguró que este tipo de prácticas "no es común" y que, según recuerda, " es la primera vez que dejan los dedos bien marcados".
Crédito desacreditado. Perfil.com sondeó a varias de las empresas que perdieron la megalicitación de Chihuido, pero por temor a ser marginados de la obra pública en próximos concursos, sólo una respondió por correo electrónico. Un director que pidió mantener su anonimato reveló que el comité de evaluación habría sido denunciado penalmente por una de las firmas concursantes por otras irregularidades en la preadjudicación.
Al parecer, uno de las tres entidades de financieras no estaba en condiciones de otorgar un préstamo por cientos de millones de dólares porque el mismo día de firmar la aprobación del crédito había emitido bonos para cumplir con exigencias del Banco Central.
Eso no es todo. El préstamo del BNDES está planteado como de "nación a nación", según explicó la fuente empresarial a Perfil.com, y por tanto está sujeto a otro tipo de requerimentos que no estarían permitidos como "financiamiento privado". El ejecutivo relató que todos los concursantes se dieron cuenta rápidamente de los puntos oscuros de la oferta de financiamiento de las firmas de Cristóbal López y Gerardo Ferreyra.
Como si fuera poco, Electroingeniería, CPC, Hidrocuyo, Robella Carranza y la brasileña OAS, las vencedoras del concurso, no poseen antecedentes en la construcción de estas megapresas hidroeléctricticas en el país (Oas sí en el suyo). En cambio, el Grupo Roggio, Isolux-Corsán, Esuco y Supercemento, por un lado, y el Grupo Pescarmona, por el otro, sí registran esta clase de obras en la Argentina.
*De la redacción de Perfil.com
