El Estado dará protección a testigos por violación a los DD.HH.

A casi dos semanas de la desaparición del albañil Jorge Julio López, la autoridades nacionales dispusieron custodiar a todos los testigos que tengan que declarar en juicios por delitos de lesa humanidad por los que están imputados los represores que actuaron en la época del terrorismo de Estado.

La decisión surge en medio de un clima enrarecido por las numerosas amenazas a magistrados que tienen a su cargo causas por violaciones a los derechos humanos.

El procurador general de la Nación, Estaban Righi, resolvió confeccionar una lista con todos los testigos a declarar en juicios contra los represores para garantizar su seguridad.

Desde el Ministerio del Interior confiaron al diario La Nación que la idea es consultar a quienes hayan sido llamados a declarar para decidir en conjunto cómo sería la custodia en cada caso.

Garantizar la seguridad. La intención de Righi, el jefe de los fiscales, es que “el Poder Ejecutivo Nacional pueda garantizar sus seguridad con las medidas que estime convenientes, en el marco de los programas de su conveniencia”.

“Es necesario garantizar la debida protección de los testigos”, afirmaron.

La custodia para los testigos no será compulsiva. Según cada caso, se asignará un efectivo de fuerzas de seguridad nacionales o provinciales.

Para quienes prefieran abstenerse de estar todo el día con un agente, se les dará un teléfono o un implemento que podría ser un reloj para poder estar ubicables a través de un sistema satelital.

Todavía faltan ultimar detalles de este plan de protección de testigos: según trascendió, el ministro Aníbal Fernández no se contacto con el procurador Righi.

La lista de los testigos. A cargo de elaborar las lista con los testigos está la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos Durante el Terrorismo de Estado, cuyo titular es el fiscal Félix Crous.

Crous relató al mencionado matutino que envió correos electrónicos a todos los fiscales que intervienen en causas sobre violaciones a los derechos humanos para que le informen los nombres de todos los testigos que brindaron su testimonio en los últimos años o que estén por hacerlo. Para mediados de la semana próxima esperan poder confeccionar la lista.

En todo el país hay aproximadamente mil causas en las que se juzgan delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, por lo que se presume que la lista de testigos será bastante numerosa.

Para estimar una cifra, se debe calcular que en un juicio como el que condenó al genocida Miguel Etchecolatz fueron 70 los testigos que declararon.

El procurador Righi estableció además que los fiscales denuncien inmediatamente si son amenazados y que Crous colabore en estos casos.

En tanto, en la reunión de la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial se repudiaron las amenazas que sufrieron fiscales y magistrados de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Catamarca, Mendoza, Formosa, Chaco, Salta, Tucumán y Capital Federal.  Todos recibieron cartas enviadas desde sucursales del Correo Argentino ubicadas en Villa Urquiza y en la avenida Pueyrredón.

También recibió mensajes amenazantes la testigo Nilda Eloy, quien atestiguó contra Etchecolatz. La ex detenida desaparecida recibió llamados telefónicos intimidatorios, luego de hablar en un programa de televisión.

Dicha comisión está integrada por la Junta Federal de Cortes, la Federación Argentina de la Magistratura y la Asociación de Magistrados y es presidida por las juezas Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay.

"Requerimos a los poderes públicos que garanticen la debida protección y seguridad para los integrantres del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal que tienen a su cargo la investigación de eventual acusación y decisión en estas causas", señalaron en un comunicado las ministros de la Corte Suprema.

Además, reclamaron la " debida protección de los testigos" y subrrayaron la "profunda preocupación por las amenazas recibidas por jueces y fiscales por su intervención en causas vinculadas a la violación de los derechos humanos, pues la plena vigencia del Estado de Derecho, con la consecuente independencia del Poder Judicial, no tolera este tipo de actitudes antidemocráticas".