Durante una charla realizada en Editorial Perfil, el exfuncionario judicial expresó que "es necesario combatir la corrupción en todos los países y de todas las maneras posibles".
Frente a ello, y basado en la experiencia italiana derivada de las controvertidas investigaciones anticorrupción en ese país, Antonio Di Pietro identificó uno de los principales elementos que se destacan en los negocios incompatibles: la dimensión económica.
"Los delitos contra la corrupción implican un enorme incremento de la diferencia de costos tanto para el Estado como para los ciudadanos", apuntó.
No obstante, el exfiscal aclaró que este "no es el elemento más importante". Otra de las consecuencias del crecimiento de la corrupción en la Italia de los años '90, fue el nacimiento de "dos realidades, tanto empresarial como política".
"Quienes decidieron convivir con la corrupción terminaron enriqueciéndose y teniendo éxito", relató Di Pietro, a la vez que vinculó ese efecto con el daño que supuso a la libre competencia de mercado, ya que las empresas que no accedieron a participar de estos sistemas terminaron por perjudicarse o, finalmente, desaparecer del mercado.
"Los políticos (corruptos) ya no representa a la ciudadanía sino a un sector", recalcó Di Pietro. "La corrupción en como un matrimonio, es un delito con participación necesaria. La diferencia es que el matrimonio se basa en el afecto. La corrupción lo hace sobre el interés", comparó.
El especialista refirió, como una consecuencia de largo plazo, a la corrupción como causa de la debilitación de la democracia y el desinterés de la ciudadanía por acabar con estas prácticas. "Quien nos representa ya no es elegido por el pueblo sino por ciertos intereses, quienes nos representan ya no representan a toda la población", explicó. "Es contra la decadencia cultural (el desinterés ciudadano) que hay que luchar", bregó.
Sobre ello, apuntó sobre la importancia del acceso a la información para asegurar la subsistencia de la Justicia en ese contexto.
Qué hubo después. Pese al escándalo que supuso la investigación anticorrupción en Italia, el paso del expremier Silvio Berlusconi por el gobierno de ese país volvió a poner la lupa sobre negociaciones poco claras entre el sector público y el privado.
Para Di Pietro, antes de Berlusconi, "había dos caminos: ir a la justicia y reivindicar su inocencia o escapar del país". "Berlusconi invento una tercera vía: accedió al parlamento e hizo sus propias leyes, para que lo que antes era delito dejara de serlo", acusó.
"El mani pulite fue posible porque antes del delito de corrupción hay un primer delito en la falsedad de los balances", consideró.
"Berlusconi eliminó el delito de la falsedad de los balances, entonces no pudo seguirse el hilo de la corrupción", explicó.
"Voy a hacer una confesión. Estoy muy desilusionado, muy amargado", reveló Di Pietro. "No por mí, sino por quienes hicieron mucho mas que yo y dejaron la vida" en la lucha contra la corrupción, lamentó.
"Debe lucharse contra la corrupción pero también debe haber una opinión pública informada", reclamó el experto, con lo que volvió a remarcar la importancia del acceso a la información sobre los actos de gobierno.
“La corrupción tiene uno que corrompe y otro que es corrompido. Si en ambos casos son funcionarios públicos, sucede que, o uno de ellos lo hace por cuenta de un particular o un privado, y en ese caso, es tanto corrompido como corruptor; o responde como el último, con el agravante de haberlo hecho como funcionario público”.
“También puede pasar que un funcionario público reciba un millón de pesos para beneficiar una licitación pero que en realidad solo tenga que pagar son solamente 800 mil pesos de ese millón y él se quede con el resto”. “Es responsable por dos delitos porque actua como corruptor respecto del funcionario al que le da los 800 mil pesos y como corrompido porque recibe un millón”.
Consultado por Perfil.com sobre qué debe hacerse con un funcionario condenado que goza de fueros, el exfiscal sostuvo que: “En Italia el problema se resolvió parcialmente con la ley Severino que sirvió para que Berlusconi tenga que abandonar el Estado”.
“Antes, cuando un funcionario era sancionado definitivamente, debía abandonar el cargo pero seguía en ejercicio hasta que no era condenado definitivamente. Con la nueva ley ahora se lo suspende hasta un año y medio, después de la condena de primer grado”, explicó y aunque aclaró: “Pero esta situación está en una instancia de la Corte Suprema en la que todavía no se expresó y tiene que definirse si corresponde suspender al funcionario cuando todavía no tiene una sentencia”.
