La Argentina tiene la obligación, como miembro del G-20 (Grupo de países avanzados y emergentes), de aceptar auditorías pactadas tras la crisis financiera, sostuvo el subdirector general del Fondo Monetario Internacional (FMI), John Lipsky. "Como miembro del G-20, la Argentina aceptó la obligación implícita de aceptar revisiones financieras cada cinco años y si no accede puede ser sancionada", dijo Lipsky, durante una conferencia de prensa, previa al inicio de la asamblea anual del organismo.
Lipsky aclaró que "esa obligación dentro del G-20 implica que la Argentina debe formar parte de la respuesta coordinada continua tras la crisis financiera internacional". La administración Kirchner se opone desde 2006, cuando saldó su deuda con el Fondo, a aceptar las denominadas revisiones del Artículo IV, a las que están obligados todos los miembros del Fondo.
Lipsky puntualizó que "los miembros del G-20 se han comprometido a someterse a los PESF, los Programas de Evaluación del Sector Financiero, cada cinco años. Tenemos la esperanza de que la Argentina se moverá hacia adelante de una manera positiva".
En relación al Artículo IV del Estatuto del Fondo, Lipsky señaló ante una pregunta de la prensa que "la membresía impone obligaciones" a los países y "no con el personal del Fondo, no a la gestión del Fondo y, por lo tanto, (la pregunta) tendrá que ser dirigida a los miembros". El funcionario añadió que "todos estamos esperanzados de que la Argentina volverá a ocupar su lugar entre los países, al igual que el resto de los miembros que mentienen relaciones normales y regulares y consultas periódicas con el Fondo. Estamos muy esperanzados y nos estamos moviendo en esa dirección", refirió.
La polémica sobre la auditoría del Artículo IV se produce en momentos en que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner intentó infructuosamente gestionar ante la canciller de Alemania, Ángela Merkel, una vía alternativa, para poder refinanciar la deuda que mantiene la Argentina con el Club de París. El gobierno argentino viene insistiendo durante años en que quiere pagar al Club de París a plazos, sin contar con una auditoría del FMI, algo que es rechazado por las autoridades europeas.
La Argentina mantiene desde diciembre de 2001, una deuda original con el Club de París, por 6.700 millones de dólares, a la que hay que añadir intereses y punitorios que elevarían esa cifra a unos 10.000 millones de dólares. Cristina Fernández de Kirchner reiteró ayer en Berlín su rechazo a la intervención del FMI en relación al tema del Club de París, por lo que las negociaciones están estancadas.
Ayer también, el FMI cuestionó nuevamente las estadísticas oficiales suministradas por el gobierno argentino. En su informe sobre Perspectivas Económicas Mundiales, el organismo dejó en claro que tanto las proyecciones inflacionarias como las del PBI se diferencian sustancialmente de aquellas del sector privado.
Fuente: DYN
