El fondo buitre que accionó ante la justicia ghanesa y obtuvo la retención de la Fragata Libertad en ese país, ofreció al gobierno argentino, según consigna el diario Clarín, pagar los gastos en pasajes de los miembros de la tripulación, ya sean argentinos o extranjeros, que deseen regresar a sus respectivos países.
Los capitales especulativos que interpusieron el recurso para retener el buque ofrecen pagar los pasajes de los marinos y oficiales que están varados desde hace 17 días en Ghana. De momento, las autoridades argentinas no respondieron a la oferta.
En una carta enviada al Gobierno argentino y a la justicia africana por el abogado que representa a la firma, Ace Anan Ankomah, se afirma que el fondo NML lo instruyó para que hiciera la oferta. De esta manera, NML Capital Limited, busca abrir un nuevo canal de negociación a los ya afrontados por Argentina ante la justicia de Ghana.
Según trascendió en Cancilleria, los viceministros de Defensa, Alfredo Forti, y de Relaciones Exteriores, Eduardo Zuain, ya habrían regresado al país pero no se informó sobre los resultados de la hermética reunión mantenida con las autoridades judiciales ghanesas. Clarín señala que por lo pronto no fue bueno el recimiento que ofrecieron desde la tripulación al ser visitados por los funcionarios diplomáticos.
Una nueva táctica estudiada por el Gobierno sería elevar el caso ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en la ciudad alemana de Hamburgo. Allí, se buscaría aplicar la Convención de los Derechos del Mar de 1970 para destrabar el conflicto, aunque este tipo de controversias puede demandar hasta un año de resolución por parte de esta Corte.
El navío realizó una escala en Tema como parte de su viaje de instrucción y el 2 de octubre se le impidió abandonar el puerto por decisión de una corte de Ghana, que acató un pedido de embargo trabado por un grupo inversor de las Islas Caymán, que reclama el cobro de unos 370 millones de dólares por parte de Argentina.
La detención del buque de la Armada Argentina provocó una crisis en el área de Defensa que terminó con la renuncia de cuatro funcionarios. El gobierno argentino sostiene que la retención de la fragata constituye una violación a la Convención de Viena, ya que los navíos militares están protegidos por inmunidad diplomática. El pedido de embargo fue interpuesto por el fondo de inversión NML Capital. Este grupo posee papeles de la deuda argentina pero no aceptó participar de los canjes y reestructuraciones realizados entre 2005 y 2010.