La causa por los supuestos sobornos e irregularidades en la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento deberá seguir en remojo. Una fuente judicial con acceso privilegiado al expediente confirmó a PERFIL que, por el momento, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi no citará a nuevas declaraciones indagatorias al empresario Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, y a otros miembros de los directorios de las empresas Iecsa, Odebrecht y Ghella.
La AFIP había solicitado al magistrado en los últimos días que indague a los directivos de estas tres empresas de manera “inmediata” por presunta evasión agravada en el desvío de casi US$ 5 millones de la cuenta bancaria del soterramiento, que se habrían fugado del país entre 2011 y 2012 mediante la supuesta pantalla de un contrato “ficticio” con una empresa española, DSC. La principal sospecha es que esos fondos se habrían destinado al pago de coimas a ex funcionarios kirchneristas, algo que ellos niegan.
Además, el futuro de los empresarios se definiría luego de la feria judicial, sostuvieron en la Cámara Federal porteña ante la consulta de este medio. El tribunal de apelaciones se encuentra revisando las últimas decisiones del juzgado. Luego del receso de invierno, que culmina el 2 de agosto, la Sala II de la Cámara podría revocar las faltas de mérito que beneficiaron a los empresarios y ejecutivos o confirmarlas.
Esto no le gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Mientras tanto, los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia analizan la principal línea de acusación contra Calcaterra y sus ex ejecutivos de Iecsa, que sumó varias fojas en el expediente. Además de la acusación de la AFIP, el fiscal Franco Picardi estudia si la coartada de los empresarios en torno a estos pagos por casi US$ 5 millones es o no creíble.
Por eso, el fiscal pidió la declaración testimonial del director de Transferencia de Tecnología del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), Aldo Petrone.
El contrato en la mira fue firmado por el Consorcio Nuevo Sarmiento (Iecsa, Odebrecht, Ghella y Comsa) con DSC, con sede en Madrid, en diciembre de 2010.
Entre septiembre de 2011 y diciembre de 2012, una cuenta de DSC en la Banca Privada de Andorra (PBA), recibió US$ 4.495.250 de la cuenta del consorcio empresario, según el informe de la AFIP en la causa.
Los técnicos de la DGI que analizaron los movimientos fueron categóricos ante la Justicia: el contrato sería “simulado” o “ficticio” y su único objetivo sería desviar fondos al exterior “con fines espurios”, confirmaron fuentes de la causa.
Documentación. Cerca de Calcaterra aseguran que ese contrato fue legal y que la empresa española trabajó en los planos de la obra. Sus abogados presentaron ante el juzgado fotocopias de planos con un sello de DSC y demostraron que el documento había sido avalado por el INPI. Eso fue clave para que lograra la falta de mérito en la causa de supuestos sobornos.
Sin embargo, cuando la fiscalía analizó la documentación, encontró que los planos fueron realizados por una empresa argentina, Ingroup. Iecsa aclaró que DSC había realizado el “control de calidad” de los planos. Sin embargo, la empresa no aportó correos electrónicos ni pruebas de comunicaciones o envío de los planos a la empresa basada en Madrid. Tampoco hay constancia del informe de “control de calidad”.
De acuerdo a fuentes de la causa, el funcionario del INPI dijo en su testimonial que las empresas registran contratos como el del Consorcio Nuevo Sarmiento con DSC para poder deducir el impuesto a las ganancias. Se trata de un registro de “buena fe”, en el que los representantes de las compañías realizan una declaración jurada explicando el objeto del contrato, pero no deben demostrar que los servicios o productos realmente existan.
Para realizar este trámite, las empresas solo deben presentar copias simples del contrato. Según el testimonio de Petrone, el INPI no tiene facultades para comprobar la efectiva prestación del servicio y que esa función corresponde a la AFIP. En el caso del soterramiento, la inspección del fisco llegó en 2018, casi ocho años después de que se firmara el contrato “ficticio”. El original nunca fue presentado ante el INPI –ni era necesario hacerlo–. El documento continúa sin aparecer, según confirmaron fuentes judiciales.
“Odebrecht nos encargó la revisión de unos trabajos relacionados con esta obra con, al parecer, la finalidad de desviar dinero de su balance”, indicaron desde DSC ante la consulta de La Nación y PERFIL. Odebrecht y Ghella declinaron hacer comentarios sobre el contrato y la acusación de la AFIP.
