El Gobierno está dilatando la promulgación de la ley que reforma el Consejo de la Magistratura, aprobada el miércoles en el Senado, para demorar su llegada a la Corte Suprema.
La ley impulsa la elección popular de los jueces, abogados y académicos que sean consejeros, y quienes tendrán la tarea de seleccionar y controlar a los jueces de todo el país.
También la ampliación de sus miembros de 13 a 19. Pero el objetivo de demorar su promulgación por parte del Ejecutivo es ganar tiempo: evitar la catarata de impugnaciones que se prevén, acelerar el armado de la estructura partidaria y tener listo los candidatos del oficialismo para el Consejo de la Magistratura una vez que la Corte Suprema tenga que resolver la cuestión de fondo: si la reforma es o no constitucional.
El Poder Ejecutivo, según reza nuestra Constitución, cuenta con diez días para la promulgación de la ley. De esta manera, el plazo vencería el 23 de mayo. Si Cristina Fernández no la promulga en ese tiempo, la ley se promulgará automáticamente.
Así, los amparos y acciones de inconstitucionalidad que se prevén presentar por asociaciones de abogados y magistrados a lo largo del país, recién podrán oponerse a partir del 24 de mayo.
Al demorar el tratamiento en la Justicia, el proceso se dilataría. De tal manera que el oficialismo calcula que para cuando la Corte Suprema intervenga para la resolución, ya estarán seleccionados los consejeros y se habrá puesto en marcha la nueva conformación de la Magistratura.
De esa forma, el Gobierno pretende imponer “de hecho” la reforma e impedir que la Corte Suprema decida sobre la cuestión de fondo. La especulación es que, como se estaría aplicando de hecho, el Máximo Tribunal debería declarar “en abstracto” porque la ley ya estaría vigente. De lo contrario, su resolución debería retrotraer a cero un proceso en marcha.
Al menos, esos son los planes de la Casa Rosada.
En el medio, por supuesto, los tribunales pueden frenar su aplicación con una medida cautelar.
Así las cosas, el 24 de mayo comienza la pelea judicial por declarar o no la ley inconstitucional.
Los colegios de abogados de todo el país y las agrupaciones de jueces ya adelantaron que impulsarán recursos en cada una de las provincias para frenarla.
El oficialismo cree que, para entonces, habrá ganado tiempo y habrá seleccionado y puesto en marcha el nuevo Consejo de la Magistratura.
Desde el anuncio de la reforma judicial el oficialismo trabaja en el armado de las listas de candidatos de consejeros para presentar ante las elecciones primarias de agosto, y en estos días cierra filas con los jueces que encabezarán las listas entre las que se encuentran la camarista del crimen Malala Garrigós de Rébori, una de las líderes de la agrupación Justicia Legítima junto a la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó.
