El Gobierno impulsa más cambios para controlar los patrimonios de los jueces

Aún de manera embrionaria, y en medio de la creciente disputa con Comodoro Py, el Gobierno pretende impulsar el control y seguimiento de la evolución patrimonial de los jueces federales y nacionales. En concreto, en el oficialismo quieren impulsar la creación de una oficina que pueda investigar las declaraciones juradas de los magistrados. Esta nueva dependencia, que trabajaría dentro del Consejo de la Magistratura, el organismo que designa y remueve jueces, se encargaría de estudiar todas las DDJJ para poder detectar cualquier inconsistencia.

En este sentido, la destitución del camarista Eduardo Freiler fue paradigmático para el oficialismo. Es que el jury de enjuiciamiento encontró que no podía justificar más de $ 20 millones entre sus bienes y su nivel de vida. Freiler, además, fue uno de los camaristas que, en mayor cantidad de ocasiones, salvó a funcionarios kirchneristas de causas complejas vinculadas a denuncias de corrupción.

Por ello, la iniciativa oficial, que partió del diputado del PRO y miembro del Consejo, Pablo Tonelli, cuenta con el aval del Ministerio de Justicia, que conduce Germán Garavano, y, en especial, de la Oficina Anticorrupción, que ya viene trabajando sobre el seguimiento del patrimonio de funcionarios públicos. Es más, su titular, Laura Alonso es quien impulsa que se unifique la forma de presentación.

“Lo que buscamos es el control efectivo y en tiempo real de posibles irregularidades en las declaraciones juradas”, cuentan en el oficialismo. En principio, la iniciativa de Tonelli sería a partir de una resolución del plenario del Consejo de la Magistratura para que la oficina pueda empezar a funcionar en 2018. La presentación del patrimonio alcanza a aquellos magistrados incluidos en la ley 25.188 de Ética Pública. Es decir: jueces, funcionarios judiciales con jerarquía no menor a secretario, miembros del Consejo y jurados de enjuiciamiento.

Hoy los magistrados federales y nacionales presentan las declaraciones juradas en el Consejo de la Magistratura, pero no hay un análisis sobre su evolución. "El tema es que hoy en el Consejo hay que esperar que entre una denuncia para investigarlo", se lamentan en el Gobierno. Por su parte, los miembros de la Corte Suprema deben entregar sus declaraciones a la Secretaría General y de Administración del máximo tribunal, pero de manera autónoma, con lo cual no son alcanzados.

Ofensiva. El proyecto para analizar las DDJJ que empezó a debatirse en los últimos días a puertas cerradas aún entre diputados y funcionarios, se da en un contexto de plena ebullición entre la Casa Rosada y los Tribunales de Comodoro Py.

Es más, en el Gobierno dan como un hecho que el juez federal, Daniel Rafecas, será, tras la caída de Freiler, el próximo que estará sentado en el banquillo de los acusados por "mal desempeño" en sus funciones. Entre otras cosas, Rafecas fue quien desechó, sin pedir una sola medida de prueba, la causa de Alberto Nisman por presunto encubrimiento. Otros dos jueces en la mira son Ariel Lijo y Rodolfo Canicoba Corral, a quienes el presidente, Mauricio Macri, quiere fuera de Comodoro Py antes de fin de año, según adelantó el diario La Nación ayer.