El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) dispuso hoy la intervención por 120 días de la empresa Transportadora de Gas del Norte (TGN) y designó para el cargo a Roberto Darío Pons.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, explicó al hacer el anuncio que "la intervención coadministrará la empresa junto al Directorio" y tendrá a su cargo la fiscalización de todos los actos que puedan afectar la normal prestación del servicio público de transporte de gas".
La medida del Gobierno fue dispuesta como consecuencia de la decisión adoptada y comunicada a la Bolsa por TGN, la semana pasada, de declarar en default el pago de un vencimiento de Obligaciones Negociables, argumentando un deterioro de su ecuación económico-financiera.
TGN es licenciataria por 35 años, y opera desde 1992, los gasoductos troncales Norte (con origen en Campo Durán, Salta), y Centro Oeste desde Loma La Lata, Neuquén, hacia Buenos Aires.
El principal accionista y controlante de TGN es Gasinvest S.A. (sociedad conformada por TecGas N.V.(Techint), Compañía General de Combustibles S.A., Total Gas y Electricidad Argentina S.A. y Petronas Argentina S.A.) que posee 56 por ciento del capital social de la compañía. Blue Ridge Investments posee 24 por ciento de TGN y el 20 por ciento restante se negocia en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
La empresa argumentó deterioro patrimonial "por efecto de la depreciación del peso sobre tarifas domésticas que permanecen fijas, combinando con una caída en los ingresos por transporte de exportación y con un incremento de los costos en pesos y en dólares".
Asimismo, la compañía aseguró que incumplía el pago porque "se ve en la necesidad de administrar sus recursos con el propósito de mantener la prestación segura y confiable del servicio público del transporte de gas natural a su cargo, como exige la ley del Gas 24.076 y el artículo 10 de la Ley 25.561".
También argumentó que lo hace para "preservar el principio de empresa en marcha, y asegurar la igualdad de trato a todos sus acreedores financieros".
Todos estos argumentos sirvieron de antecedentes en la resolución 587 del ENARGAS que el gobierno difundió para explicar la intervención de la compañía e investigar la situación.
Del anuncio, realizado en la sede ministrial, participaron además el secretario de Energía, Daniel Cameron, el presidente del entre regulador, Antonio Ponsato, y el flamante interventor en TGN.
A tal efecto se ordenó realizar una auditoría interna integral, al tiempo que el ministro De Vido anticipó que "bajo ningún aspecto se va a admitir una situación de default que puede afectar operativamente la prestación de este servicio público y el adecuado mantenimiento de una infraestructura que es del Estado y que la concesionaria tiene la obligación de preservar".
El funcionario refirió que "en 2006 TGN hizo un acuerdo preconcursal con sus acreedores y hoy nos tiene en vilo con esta declaración de default".
Al respecto, rechazó los argumentos de la compañía referido a las tarifas señalando que "TGN no acordó con el Estado una renegociación del contrato (a cargo de la UNIREN)", y señaló que "sin embargo el gobierno dispuso en fechas recientes aumentos en las tarifas de transporte y de distribución de gas".
También rechazó los argumentos de perjuicios por la menor exportación de gas esgrimidos por la compañía, refiriendo que "como es sabido, por ley, sólo pueden exportarse excedentes de gas ya que se prioriza el abastecimiento interno".
Ahora, la auditoría ordenada deberá "determinar los bienes con la correspondiente valuación que forman parte de los activos transferidos por el Poder Ejecutivo (en 1992) y los que han sido agregados con posterioridad".
El ENARGAS adoptará además "medidas preventivas cautelares transitorias a los efectos de resgauardar la regular prestación del servicio".
Para el gobierno "la declaración de default es mucho mas peligrosa para la continuidad de la prestación del servicio que un pedido de concurso preventivo", por lo que no se descarta que la intervención derive en una caída del contrato de concesión.
Fuente: DyN.
