El Gobierno reduce la "tregua judicial" para que Larreta firme el pacto fiscal

Con el acuerdo de los gobernadores peronistas y las conversaciones avanzadas con los radicales, la mayor resistencia para la firma de un nuevo pacto fiscal sigue siendo la de Horacio Rodríguez Larreta. Como señal de negociación, el Gobierno redujo de dos a un año el pla­zo pa­ra ac­cio­nar an­te la Cor­te Su­pre­ma o pro­se­guir cual­quier re­cla­mo por la Co­par­ti­ci­pa­ción, pero esto aún parece insuficiente, ya que la Ciudad pretende que esta cláusula sea quitada del borrador.

“En ma­te­ria de Pro­ce­sos Ju­di­cia­les”, afir­ma el nue­vo bo­rra­dor, de­be­rán “abs­te­ner­se por un pe­río­do de UN (1) año de ini­ciar pro­ce­sos ju­di­cia­les, y sus­pen­der por igual tér­mino los ya ini­cia­dos, re­la­ti­vos al ré­gi­men de Co­par­ti­ci­pa­ción Fe­de­ral de Im­pues­tos, a afec­ta­cio­nes es­pe­cí­fi­cas de re­cur­sos y trans­fe­ren­cias de com­pe­ten­cias, ser­vi­cios o fun­cio­nes, por he­chos an­te­rio­res a la en­tra­da en vi­gen­cia de es­te Con­sen­so”. El anterior texto implicaba que las acciones judiciales se detengan por dos años.

Esto significa que el Gobierno de Larreta debe frenar el reclamo actual ante la Corte Suprema. Se trata del recurso de amparo que presentó el 18 de septiembre para frenar la quita de coparticipación que pasó del 3,5% al 2,3%, después de que Fernández decidiera traspasar fondos que recibía Capital Federal a la provincia de Buenos Aires.

El documento completo:

Esta pelea también transcurre hoy en el Congreso, en donde el oficialismo busca aprobar el proyecto de ley que redistribuye los fondos coparticipables entre la Ciudad y el Gobierno nacional.

Las con­ver­sa­cio­nes por el con­sen­so fis­cal 2020 co­men­za­ron a me­dia­dos de oc­tu­bre. Hace un mes, cuando PERFIL accedió al primer borrador, en la Ca­sa Ro­sa­da ase­gu­raron que lo que se es­taba dis­cu­tien­do era un bo­rra­dor abier­to a cam­bios que hoy llevó a reducir el tiempo para iniciar reclamos o retomar los iniciados. “Cual­quier pun­to se pue­de de­ba­tir, me­nos el del en­deu­da­mien­to en dó­la­res”, ex­pli­caba un fun­cio­na­rio.

Hay una con­di­ción que el go­bierno na­cio­nal no se mues­tra dis­pues­to a ne­go­ciar y tie­ne que ver con po­ner­le lí­mi­tes al en­deu­da­mien­to en dó­la­res de las pro­vin­cias. Este punto sigue intacto en el segundo borrador al que accedió este medio. “Es un me­ca­nis­mo pa­ra evi­tar que se re­pi­tan erro­res del pa­sa­do que con­du­je­ron a mu­chas pro­vin­cias a con­traer deu­das in­via­bles y es un pun­to en el que no hay es­pa­cio pa­ra ce­der”, ase­gu­ran des­de el Go­bierno, en don­de re­cuer­dan que “des­de el pa­go del go­bierno ma­cris­ta a los hol­douts, el grue­so de las pro­vin­cias se vie­ron vir­tual­men­te for­za­das a re­cu­rrir al en­deu­da­mien­to ex­terno y to­ma­ron más de US$ 12 mil mi­llo­nes, que los en ja­que con el de­fault. Lo que lo­gra­ron con el en­deu­da­mien­to fue de­te­rio­rar el uso de su pre­su­pues­to en la asig­na­ción de los ser­vi­cios bá­si­cos”.

La otra cláu­su­la del primer documento que pro­me­tía ge­ne­rar una pro­fun­da dis­cu­sión, vin­cu­la­da a la apro­ba­ción del im­pues­to a las gran­des for­tu­nas, va rum­bo a que­dar abs­trac­ta por­que ya tie­ne me­dia san­ción de Dipu­tados y el ofi­cia­lis­mo tie­ne nú­me­ro en el Se­na­do.

El ministro del Interior, Eduar­do “Wa­do” De Pe­dro es el en­car­ga­do de las ne­go­cia­cio­nes. No tie­ne una ta­rea sen­ci­lla ya que el acuer­do de 2019 fue apo­ya­do por la to­ta­li­dad de los go­ber­na­do­res y el je­fe de Go­bierno por­te­ño, Ho­ra­cio Ro­drí­guez La­rre­ta. Los peronistas ya garantizaron su firma y aho­ra el mi­nis­tro de­be­rá con­ci­liar con el lí­der del gobierno de la Ciu­dad que insiste en que la cláusula judicial sea quitada. En la Casa Rosada aseguran que ya está avanzado el acuerdo con los radicales Ge­rar­do Mo­ra­les (Ju­juy), Gus­ta­vo Val­dés (Co­rrien­tes) y Ro­dol­fo Suá­rez (Men­do­za).

RAMC