El monto total de los fondos destinados al conurbano bonaerense que anunció la Presidenta el 27 de marzo cuando lanzó el Plan Nacional de Seguridad era de 360 millones de pesos. Sin embargo, a un mes de aquellas palabras, se entregaron tan solo 100 millones, repartidos en 11 de los 40 distritos.
Desde el Gobierno no negaron el retraso. En declaraciones al diario La Nación, un vocero de Sergio Massa, aclaró la situación al asegurar que "hubo una demora normal en los tiempos de la administración. Ya se envió una partida de 100 millones de pesos para unos 11 municipios y en las próximas horas se estará enviando otra partida".
El anuncio del Plan se realizó algunos días después de una marcha que congregó a algunas miles de personas en Plaza de Mayo a mediados de mayo, cuando el crimen del florista de Susana Giménez y algunos asesinatos más en el conurbano terminaron de crispar el ánimo de las personas. En esa ocación, se explicó que la idea de la inversión consistía en reforzar la seguridad de los corredores más golpeados por el delito: Mar del Plata, Bahía Blanca y el norte y sur del conurbano.
Entre los destinos del dinero, se invirtieron $ 25 millones para la compra de 500 patrulleros con equipos GPS; otros $ 27 millones para 21.500 teléfonos celulares; $ 203 millones para la instalación de 5000 cámaras de video, y $ 137 millones para la contratación de 4000 uniformados retirados.
Incertidumbre. Hasta ayer reinaba en algunos distritos la incertidumbre sobre el desarrollo del plan. "No sabemos cuándo va a llegar el dinero. De todas formas creemos que en cualquier momento nos acreditarán los fondos para comenzar a comprar patrulleros", expresó al matutino un hombre de la Municipalidad de La Plata.
Polémico movimiento de policías. Desde la Unión Cívica Radical se lanzó un proyecto sobre el destino de los nuevos Policías. Según el documento, el problema es que en varios municipios de Buenos Aires las autoridades se mostraron muy molestas porque sus policías egresan y no vuelven a ejercer en sus lugares de origen, sino que los envían al conurbano.
Una de las localidades más afectadas es Olavarría, donde a los 163 cadetes que egresaron les confirmaron que no volverán a trabajar a sus ciudades de origen o localidades vecinas, sino que serán destinados a patrullar el Conurbano bonaerense. Como respuesta, desde el conjunto de los uniformados se amenazó con realizar una “renuncia masiva”. Con el objetivo de reguralizar la situación, la UCR intentará reunirse con el gobernador Daniel Scioli.
