El Gobierno nacional pidió que sean sometidos a juicio oral y público un ex juez, un ex jefe de la SIDE y un ex dirigente de la comunidad judía, entre otros, acusados de presuntas irregularidades cometidas en la investigación del atentado contra la AMIA, se supo hoy. La petición de elevación de la causa a juicio oral y público fue realizada al juez federal Ariel Lijo por el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Alejandro Slokar, quien también fue titular de la Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA.
Entre los procesados están el ex juez de la causa Juan José Galeano -destituido en 2005 por esta cuestión-, los ex fiscales federales Eamon Mullen y José Barbaccia, el titular de la SIDE durante el gobierno menemistaHugo Anzorreguy y el ex presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) Rubén Beraja.
Entre los diversos cargos que afrontan los acusados figuran "privación de la libertad", "coacción" y "peculado". Uno de los episodios más conocidos y comprometedores del caso fue el pago de 400 mil dólares al ex reducidor de autos Carlos Telleldín, quien estuvo preso por el atentado. A partir de ese hecho, Telleldín involucró a un grupo de ex policías bonaerenses que fueron llevados a juicio -junto con él- como supuestos integrantes de la "conexión local" del ataque, pero terminaron todos absueltos.
La información sobre el pedido del Gobierno a Lijo fue difundida por la Agencia Judía de Noticias (AJN), que además detalló que Slokar "se reservó el derecho de ampliar su demanda y sumar el delito de 'asociación ilícita' a la hora de llevar el caso a juicio oral". La presentación gubernamental, concretada en las últimas horas, reclama además embargos sobre los bienes de los acusados.
La solicitud efectuada por la administración se produjo en forma coincidente con la visita a la Argentina del titular del Congreso Judío Mundial (CJM), Ronald Lauder, quien se reunió con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y pidió que se haga "justicia" en el caso AMIA. Entre las últimas medidas registradas en la investigación del hecho figura la orden judicial de investigar al ex presidente Carlos Menem por supuesto encubrimiento, en el marco de una supuesta "protección" a un empresario de origen sirio sospechado de estar involucrado en el caso.
El atentado contra la sede de la AMIA, ubicada en Pasteur al 600 de esta capital, fue perpetrado el 18 de julio de 1994, provocando 85 muertes. El ataque se produjo dos años después de otro atentado explosivo que voló la embajada de Israel en Buenos Aires, que estaba situada en Arroyo y Suipacha y causó más de 20 muertes. En el marco de la causa la Justicia argentina también ordenó la captura de una serie de ciudadanos iraníes -algunos ex funcionarios diplomáticos en Buenos Aires- por su presunta responsabilidad en el atentado contra la mutual judía.
Fuente: DYN