El gobierno porteño anunció que apelará la decisión judicial que suspendió hoy el primer aborto no punible tras la reglamentación del protocolo para el sistema de salud en la ciudad de Buenos Aires.
Fuentes de la administración de Mauricio Macri informaron a DyN que el fallo "será apelado", mientras la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, en su cuenta de la red social Twitter explicó que "la ciudad tiene la responsabilidad de cumplir con el fallo de la Corte y actuar en virtud del Protocolo del Ministerio de Salud" porteño.
La jueza nacional en lo civil Miriam Rustán de Estrada se pronunció a partir de una medida cautelar presentada por el abogado Pedro Andereggen, de la Asociación Pro Familia, quien pidió que no se realice el aborto previsto para hoy en el Hospital Ramos Mejía.
El fallo, que suspendió la interrupción del embarazo de una mujer de 32 años víctima de la trata de personas, sostuvo que "no es justo procurar el paliativo de una de las víctimas suprimiendo la vida de la otra" y advirtió que "no es posible reparar un daño generando otro daño mayor e irreversible absolutamente".
"Si la madre necesita reparar el trauma sufrido mediante su desvinculación completa del hijo engendrado, podrá hacerlo en cuanto el niño nazca, mediante el instituto de la adopción, pero no puede hacerlo mediante su eliminación de la faz de la tierra", expresó el fallo de seis páginas, al que accedió DyN.
Fuentes judiciales reportaron que la misma entidad había presentado el viernes un recurso similar para impedir el aborto ante el juez contencioso administrativo y tributario de la Ciudad, Guillermo Scheibler, quien rechazó el reclamo.
Las mismas fuentes informaron que la jueza Rustán de Estrada, sin brindar detalles de la resolución, remitió el expediente al juzgado en lo civil 56, a cargo del magistrado Miguel Ricardo Guiraldes.
Guiraldes será el encargado de continuar el trámite de la causa, en la que Pro Familia obtuvo el fallo que obliga al gobierno porteño a "abstenerse de realizar cualquier acto o maniobra tendiente a quitar la vida a un niño por nacer en la Ciudad de Buenos Aires y en cuya defensa e intereses ha promovido estas actuaciones".
El reclamo de fondo, más allá de la cautelar que impidió el aborto, argumentó que "la noche del 4 de octubre pasado, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, habría manifestado públicamente que (hoy) se realizará el primer aborto legal en la Ciudad de Buenos Aires", en un caso en que "se trataría de una mujer víctima de la trata de personas".
El aborto fue anunciado el jueves por Macri durante una cena en la que dijo que "el próximo martes (por hoy) se hace el primer aborto legal en la ciudad de Buenos Aires. Es una mujer de 32 años en un caso que pasó por todas las instancias legales".
Al otro día anunció el veto de la ley sancionada por la Legislatura que regula los procedimientos para abortos no punibles por considerar que "excede" lo establecido por la Corte Suprema y afirmó que "queda vigente" la resolución del ministerio de Salud de la ciudad, publicada en el Boletín Oficial el 6 de septiembre.
El ministro de Salud, Juan Manzur, advirtió que Macri "es el responsable" de resolver el conflicto judicial por la suspensión del primer aborto no punible tras la reglamentación del procedimiento y afirmó que "tiene que hacerse cargo de la situación".
Organizaciones no gubernamentales y legisladores criticaron la difusión del caso y responsabilizaron al jefe de Gobierno por "brindar información para que actúen los grupos fundamentalistas".
