El gobierno porteño apeló este martes el fallo judicial que puso ayer nuevos límites a la intervención de la obra social de la Ciudad, asumida este lunes por Jorge Rey y avalada la semana pasada por la Legislatura porteña. El procurador general de la Ciudad, Pablo Tonelli, presentó un escrito de 30 carillas contra la nueva medida dictada ayer por la jueza en lo contencioso administrativo Elena Liberatori, a quien acusa de actuar "sin imparcialidad y sin objetividad".
La apelación fue presentada esta tarde ante la jueza, que luego deberá darle traslado a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, donde se resolverá en los próximos 10 días, dijeron fuente judiciales.
La magistrada dispuso una medida cautelar, la segundaerl camarista Ledesma resolución contra la intervención de la OBSBA en menos de 10 días, al decretar que Rey sólo tiene atribuciones en la desregulación, pero no en la administración interna de la obra social.
En su fallo, Liberatori entendió que el directorio actual tendrá que seguir en funciones en lo que implique el gobierno de la obra social, ya que la ley 26.037 aprobada en la Legislatura porteña sólo facultó a Mauricio Macri a iniciar el proceso de desregulación.
En sintonía con la pretensión del macrismo, un ex asesor de Fernando De la Rúa, llamado Marcelo Gey, presentó el viernes pasado un pedido de juicio político por "mal desempeño de sus funciones" contra la magistrada. Gey fundamentó su solicitud en una causa en la que la jueza actuó en 2003 y en la que, a su entender, actuó con "ligereza" al resolver a favor de una empresa de eventos, Tattersall S. A, en un litigio que tenía con Lotería Nacional por un predio de Palermo.
Según el pedido de juicio político, Liberatori hizo lugar a un amparo "por mora administrativa" presentado por Tattersall para hacer uso del predio, sin comprobar que Lotería Nacional había
rescindido el contrato de concesión a esa firma.
El procurador de la Ciudad comentó por su parte que legisladores del Pro "están analizando" la posibilidad de pedir también el juicio político a Liberatori porque la magistrada "cometió errores procesales muy graves" en la tramitación de los amparos que presentó el Sutecba.
Como ejemplo, citó que la jueza omitió "correr traslado" -girar la información judicial- al Gobierno de la ciudad "para que opine, como obliga la ley cuando se trata de dictar una medida cautelar. Es un vicio procesal muy grave". El procurador explicó a Télam que la apelación planteada por el gobierno porteño se basa en que "no pueden coexistir" en la obra social un interventor para avanzar en la desregulación y un directorio para la administración ordinaria.
"Se produjo una situación compleja y difícil de resolver por la coexistencia de dos administraciones" en la institución, explicó. El funcionario enfatizó que la resolución de la jueza "no tiene sustento jurídico" al discrepar con el fallo que indica que el interventor Jorge Rey se ocupe de la desregulación de la obra social y que el directorio que encabeza el sindicalista estatal Patricio atarmini continúe con "la administración ordinaria".
"Hay un error esencial. La esencia del instituto de la intervención es que se desplace a las autoridades anteriores, normales. Es como si el gobierno federal interviniera una provincia y el interventor conviviera con el gobernador", comparó. En declaraciones a radio Continental, el Procurador porteño describió que ayer, "Rey había comenzado a trabajar plenamente y, cuando se conoció el fallo de la jueza, el directorio de la obra social reapareció (en las oficinas) y se produjeron esas dos administraciones".
Fuente: Telam