POLITICA
Proyectos de ley

El gobierno quiere acelerar los procesos penales

Planean una nueva Cámara de Casación y dificultar los recursos que dilatan las resoluciones judiciales. Justo esos resortes a los que siempre apelan los políticos en las causas espinosas...

default
default | Cedoc

Mientras tanto, se informó que con el objetivo de acelerar los procesos penales, el gobierno enviará al Congreso Nacional cinco proyectos de ley que incluyen la creación de una Cámara de Casación para el ámbito de la Capital y otras medidas para limitar la posibilidad de dilatar los juicios a través de recursos. Así lo anunció hoy en la Casa de Gobierno el secretario de Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, junto a representantes de organismos de Derechos Humanos, entre ellos el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, luego que la presidenta Cristina Fernández firmara los mensajes correspondientes.

El funcionario aclaró que las modificaciones propuestas apuntan a agilizar todos los procesos penales y no sólo los abiertos por denuncias de violaciones a los derechos humanos por lo que "creemos que servirá también para resolver temas de seguridad", dijo. El primer proyecto crea un fondo de recompensas, calculado inicialmente en cinco millones de pesos, para obtener información sobre personas requeridas por la justicia y que crea una unidad especial para su búsqueda.
El segundo modifica el artículo 346 del Código Procesal Penal para que la presentación de recursos no impidan la concreción de los juicios, en tanto otro impulsa la oralidad de los juicios para que tenga un solución acotada en el tiempo.

En este sentido, prevé la creación de una Agencia especial para la gestión de esa audiencia. Otro de los proyectos de ley impulsa la creación de una Cámara de Casación Nacional con jurisdicción en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en tanto la de Casación Federal seguirá a cargo de los proceso en el resto del país. Según explicó Zannini, "esto reduce a la mitad los recursos vigentes", al tiempo que adelantó que el Consejo de la Magistratura tiene 120 días para la designación de estos jueces.

La última iniciativa que enviará el gobierno al Congreso establece un proceso especial de subrogancias para los tribunales orales de cualquier jurisdicción.

Fuente: DYN