La feria judicial, ese mes en enero en el que los tribunales solo atienden de urgencia y que dilatan los procesos judiciales parece tener fecha de vencimiento. Al menos es lo que espera implementar el ministro de Justicia, Germán Garavano, dentro de la reforma judicial denominadas "Justicia 2020".
Hasta hoy, ese período incluye los 31 días de enero más otros 15 en el invierno: para algunos políticos (y las personas cuyos juicios quedan en pausa), se asemeja a unas vacaciones de privilegio.
Cuando Garavano, uno de los promotores de suprimir la feria, fue fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, probó implementar un régimen vacacional que permitía la atención al público sin interrupciones.
"Hay que debatir cómo darle agilidad a la Justicia y que la rueda judicial no se deje de mover 45 días al año, con un grave perjuicio para los ciudadanos. Se plantea discutir cómo podemos hacer para que fiscalías y juzgados no permanezcan cerrados al público tantos días", señaló Garavano, en diálogo con el diario La Nación.
De acuerdo con los datos difundidos por el Foro de Estudios Sobre la Administración de la Justicia (FORES), organización que el gobierno usa como base para la reforma, "la feria judicial implica una interrupción del 18,36% anual de la labor del sector" y que "el sistema de Justicia funciona sólo 190 días al año". "Si a ello sumamos que se trabajan seis horas diarias, el resultado es de 132 jornadas", agrega.
"Eliminar la feria es complicado porque se trata de un derecho adquirido. Para los abogados en Tribunales es difícil trabajar bajo el rayo del sol en enero", sostuvo la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn), María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero. "El inconveniente de eliminar la feria no será tanto para los jueces como para los abogados, sobre todo los que no pertenecen a grandes bufetes", consideró.