El Ejecutivo redobló en las últimas semanas los esfuerzos para avanzar contra el juez Eduardo Freiler, miembro de la Sala I de la Cámara Federal porteña. La Oficina Anticorrupción (OA), que lidera Laura Alonso, se presentó ante el juzgado federal de Sebastián Ramos y pidió copia del expediente completo contra el camarista por presunto enriquecimiento ilícito, informaron fuentes judiciales a PERFIL. Es la primera demostración certera de que investigan al magistrado y buscan pruebas para un posible avance en su contra ante el Consejo de la Magistratura, encargado de la selección y el control de los jueces.
Freiler integra la lista de magistrados en la mira del Gobierno, como viene revelando este medio desde diciembre. La lista negra original estaba compuesta por cuatro jueces, de los cuales sólo Freiler permanece en la nómina. Los otros tres dejaron de estar en la mira en los últimos meses. El Ejecutivo logró la salida forzada de Norberto Oyarbide, apaciguó las aguas con Rodolfo Canicoba Corral y sacó de la lista a Jorge “Pati” Ballesteros, colega de Freiler en la Sala I de la Cámara Federal.
Freiler viene fallando desde hace años en sintonía con el kirchnerismo, pero también lo hicieron la mayoría de sus colegas. A pesar de eso, el macrismo no está interesado en una negociación. Los mensajeros del Presidente ya le hicieron saber que quieren su salida, pero Freiler transmitió que no renunciará.
En la Cámara Federal, aliados y detractores de Freiler coinciden en que tuvo un papel clave en cuatro causas de extrema sensibilidad para el macrismo: las escuchas ilegales que tuvieron procesado a Mauricio Macri durante años; el caso Papel Prensa contra el Grupo Clarín por presuntos delitos de lesa humanidad; el cierre de la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Fernández, y la validación de la prueba contra la madre de Nisman, que probó que el fiscal recibió pagos sospechosos en su cuenta de Estados Unidos. Cerca del camarista también hacen hincapié en la posibilidad de que sus futuros fallos puedan molestar al Gobierno en los casos de dólar futuro, Hotesur, Los Sauces, Fútbol para Todos y, nuevamente, el intento de reabrir la denuncia de Nisman contra CFK.
La causa por supuesto enriquecimiento ilícito se originó tras varias denuncias del abogado Ricardo Monner Sans. Freiler fue sobreseído en marzo, pero el fiscal federal Ramiro González, que apoyó esa decisión, pidió recientemente la reapertura del caso.
Freiler fue investigado por la compra de una casa frente a la quinta de Olivos por $ 2,8 millones –que, según la denuncia, estaría subvaluada en la declaración jurada de bienes–; un departamento en Pinamar –que el juez describe como modesto–; veinte caballos; un yate Chris Craft Commander Lady Olive, modelo 1971; tres autos; ahorros por $ 114.229; y una deuda hipotecaria por $ 1,2 millones.
En la Cámara aseguran que Freiler ya presentó copia de sus declaraciones juradas, escrituras y documentos públicos para demostrar su patrimonio y el de sus padres, quienes tienen a su nombre dos empresas. Una de ellas es una concesionaria de un balneario en Necochea, que el juez afirmó que fue adquirida por su padre luego de vender su casa. Freiler dijo ante la Justicia que antes de recibirse de abogado ya era propietario de un cero kilómetro, un velero y un departamento en La Plata.
El juez considera que la reapertura de su causa no se debe a motivos judiciales, ya que sostiene que el expediente se reabrió sin que se presentaran hechos nuevos para seguir investigándolo.
