El Gobierno hizo sondeos con un ministro de la Corte con el que mantiene buen diálogo para tener en carpeta un plan B por si la situación judicial de Amado Boudou se complica. Hoy, el vicepresidente está imputado por el juez federal Ariel Lijo por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública. Aunque no está procesado.
Esta semana, Lijo –que reemplazó a Daniel Rafecas– validó todas las pruebas de la causa, incluyendo el allanamiento en la vivienda de Puerto Madero y el testimonio de Laura Muñoz, ex esposa de Alejandro Vandenbroele, director de Ciccone. Entre otras cosas, Muñoz había dicho en la Justicia que Vandenbroele era el “testaferro” del vicepresidente.
Esta situación preocupa al Gobierno. La imagen de Boudou está en caída junto con su credibilidad y su catástrofe arrastra a la persona que lo colocó en la cima del poder: la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el entorno del vice, incluso, reconocen desde hace tiempo que el límite de permanencia de Boudou es el procesamiento.
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