El Gobierno está terminando el último borrador de lo que será un nuevo sistema para calificar a las empresas contratistas, con la posibilidad de dejarlas afuera del mercado de obra pública si quedan fuera de los requisitos. En concreto, la Casa Rosada trabaja en un mecanismo de calificaciones de antecedentes de constructoras por el cual, a través de la actualización de un registro oficial de proveedores, se podrá determinar qué empresas están en condiciones de tener contratos con el Estado.
La iniciativa, en la que vienen trabajando desde el año pasado el ministro Rogelio Frigerio (Interior) junto al subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal, Ricardo Delgado, implica una respuesta automática ante casos como el de Odebrecht (que aceptó el pago de sobornos en el país para obtener obras) o frente a incompatibilidades, como habían surgido con Angelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri, quien terminó vendiendo la constructora Iecsa.
“Estamos creando un sistema que va por encima de los casos particulares. Después del caso de los bolsos de José López teníamos que dar una señal política y así comenzó a gestarse este nuevo sistema”, confiaron a PERFIL en la Casa Rosada.
El registro de proveedores estuvo en los últimos años desactualizado. “Queremos que tenga capacidad técnica, que haya índices objetivos y que tenga visibilidad”, agregan las fuentes.
La ley de obras públicas exige que una empresa, sólo para poder presentarse en una licitación, tenga al día un certificado anual emitido por el Gobierno que acredita su capacidad para presentarse. Sin embargo, por caso, Austral Construcciones, de Lázaro Báez, desde 2011 no tenía certificación alguna. En otras palabras: no podría haberse presentado.
Entre los parámetros que se exigirán para que una proveedora quede habilitada figuran los balances de la compañía y un nivel de liquidez razonable. Además, se evaluará su equipamiento y la cantidad de obreros que posee, como así también sus antecedentes en el sector.
A ello se le suma, por supuesto, cualquier inhabilitación por parte de la Justicia.
La Argentina está plagada de antecedentes polémicos. Un ejemplo fue la concesión, por parte de la cartera que encabeza el ministro Guillermo Dietrich, de la concesión para que la empresa CPC, de Cristóbal López, construya un tramo de la autovía de la Ruta 3, entre Rada Tilly y Caleta Olivia, que había estado en manos de Báez. Fue el año pasado y, como argumento central, Dietrich explicó que CPC ofreció la oferta más baja. Era cierto. Aún el registro no se había puesto en funcionamiento. Se sabe: López, el “zar del juego”, ha sufrido distintos inconvenientes en la Justicia por lo cual, al menos, con el nuevo sistema se evaluaría con mayor detenimiento si debería renovarse la certificación.
Paralelamente, Frigerio y Delgado trabajan con la idea de unificar con las provincias las bases de datos, y los criterios para ser proveedores del Estado.
Actualmente, por ejemplo, en Aysa (la empresa que brinda agua potable y cloacas) todos los pliegos de licitación son gratuitos y se pueden bajar de internet. El objetivo: no saber de antemano quiénes se pueden presentar como oferentes.
El proyecto, además, cuenta con otra serie de ítems que conformarán el futuro decreto presidencial que se presentaría en los próximos meses. Entre otros puntos, establece:
- La difusión obligatoria de los actos administrativos del desarrollo de la obra.
-Monitoreo de la Sigen y la Auditoría General de la Nación.
-Publicidad de declaraciones juradas de funcionarios y empresas constructoras “para identificar potenciales conflictos de interés”.
-La posibilidad de suspender del registro a proveedoras que realicen “maniobras anticompetitivas”. En otras palabras: evitar la cartelización.
