Con pocos minutos de diferencia, el Gobierno y la fiscal en lo penal económico María Luz Rivas Diez, a cargo de esclarecer la llegada a la Argentina de un venezolano con 800 mil dólares que no fueron declarados, desvincularon de la investigación a un funcionario que trabaja bajo la órbita del Ministerio de Planificación de Julio De Vido.
A través de un comunicado, la empresa estatal Energía Argentina S.A (ENARSA) reconoció que alquiló un avión en el que viajaron su presidente Exequiel Espinosa, el titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI)Claudio Uberti y Victoria Bereziuk, personal de relaciones públicas y de apoyo administrativo, "en un viaje (ida y vuelta) a la ciudad de Caracas", pero aclaró que los funcionarios locales que iban en la nave "no presentaron anomalías".
ENARSA aclaró también que en el mismo avión viajaban cuatro funcionarios de PDVSA y "un acompañante" al que identificó como Antonini Wilson, quien protagonizó el episodio en la Aduana.
Cuando arribaron al aeropuerto Jorge Newbery, " el total de los pasajeros fue sometido a los controles aduaneros y migratorios pertinentes" y al hallar la valija con el dinero "personal aduanero que supervisaba los equipajes preguntó a los pasajeros quien era el titular de una de las maletas".
Ante el requerimiento de las fuerzas de seguridad aeroportuarias, el texto difundido por el ENARSA asegura que el venezolano "reconoció ser su propietario y sin poner reparo alguno accedió a que se revise su contenido". Inmediatamente se "labró el acta pertinente y secuestró el dinero", mientras que, "como el equipaje de los pasajeros restantes no presentó anomalía alguna, los mismos se retiraron de la aeroestación".
Mientras el comunicado de la empresa estatal recorría las redacciones de los medios sin dar más detalles de Antonini Wilson, ni de los motivos que explicarían su presencia en un avión alquilado por ENARSA donde viajaban importantes funcionarios de la gestión de Néstor Kirchner y de la petrolera venezolana de Hugo Chávez, la fiscal Rivas Diez subrayó hoy que hasta ahora el único investigado es el que dijo ser dueño de la maleta.
Rivas Diez explicó a Radio América que abrió "una investigación preliminar para reunir elementos a los fines de determinar si realmente acá pudo haberse cometido un delito o simplemente nos hallamos en el marco de una infracción aduanera".
Por eso, decidió citar a personal que intervino en el procedimiento y aseguró está "recabando documentación e informes para tener más en claro si estamos ante un hecho doloso, ardidoso, con el cual se intentó burlar los controles aduaneros para ingresar indebidamente dinero al país, o si se trató nada más que de una infracción al régimen de equipaje como en principio lo está manejando la Aduana".
La funcionaria judicial confirmó que Uberti, máximo responsable del OCCOVI, Espinosa, titular de ENARSA y Bereziuk, vocera de la compañía estatal viajaban en ese jet privado.
Sin embargo, no dejó de aclara que su vinculación en el caso es nula. "Quiero que quede bien en claro que la investigación no está centrada en ese sujeto (Uberti) sino hacia la persona que, de nacionalidad venezolana, que es el que portaba esa valija", remarcó.
Los miembros de PDVSA que acompañaron a los argentinos eran, según ENARSA, Ruth Berhrrenes (funcionaria en Uruguay), Nelly Cardozo (asesora jurídica), Wilfredo Avila (funcionario de protocolo) y Daniel Uzcateguy Speech (hijo del vicepresidente de la petrolera) junto a un acompañante, que no sería otro que Antonini Wilson.
En un fallido intento de darle trato parlamentario al misterioso hallazgo de los 800.000 dólares en una valija que trajo un venezolano acompañado por funcionarios argentinos y caribeños, la oposición planteó discutir el tema en el inicio de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.
El kirchnerista Agustín Rossi no tardó en rechazar la iniciativa y argumentó que hasta ahora, incluso por los dichos de la fiscal que entiende en la causa (María Luz Rivas Diez) todo está basado en "versiones periodística" y se trata de "una investigación preliminar". Hasta ahora "no hay una causa penal" y por lo que se sabe hasta el momento se trata de " una infracción aduanera", argumentó.
El oficialismo se impuso por 92 votos contra 78 de la oposición y se cayó el pedido de informes presentado por el radicalismo para que el Gobierno explique las razones por las cuales funcionarios argentinos compartieron el vuelo privado desde Venezuela.
Fuente: DyN y Télam
