El Gobierno y la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires prometieron hoy soluciones para los presos de las cárceles bonaerenses, en las que cerca de cinco mil reclusos mantienen una huelga de hambre en demanda de la agilización de sus respectivas causas judiciales.
Según explicó el ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco, se van a "buscar las soluciones pertinentes" para los reclusos.
La medida de protesta fue iniciada el viernes pasado por presos de la Unidad 9 de la Plata, luego se extendió a ocho cárceles y a una comisaría, lo que generó gran preocupación en la administración de Felipe Solá.
Por esa razón Di Rocco y el secretario de Derechos Humanos, Edgardo Binstock, se reunieron hoy con los jueces de la Corte provincial para evaluar la situación.
Tras el encuentro, el ministro de Justicia señaló que "se van a sistematizar los reclamos, y por vía legislativa, judicial y del Poder Ejecutivo, se van a buscar las soluciones pertinentes". Además, Di Rocco reconoció que ya "son alrededor de cuatro a cinco mil reclusos los que se niegan a consumir los alimentos que les provee el penal".
Di Rocco explicó a la prensa que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) "está unificando los informes (de las respectivas causas) para posteriormente hacer el pedido de libertades anticipadas al Poder Judicial" en los casos que correspondan y llamó a buscar la solución por vía del "diálogo".
Al comienzo del conflicto, la cartera de Justicia conformó una Comisión Interjurisdiccional para el Seguimiento de la Problemática Carcelaria integrada por Di Rocco, la Secretaría de Derechos Humanos, el SPB, la Procuración General de la Corte y legisladores, cuya misión es relevar situaciones puntuales entre las personas privadas de libertad para tratar de buscar respuestas rápidas a los casos emblemáticos.
Por su parte, la Corte provincial también manifestó su preocupación y sostuvo que la responsabilidad involucra también al Ejecutivo y al Legislativo mientras que insistió en señalar que el Poder Judicial carece de la facultad de "definir su propio presupuesto" para realizar los cambios necesarios.
Igualmente, el Tribunal prometió impulsar acciones para "acelerar los procesos penales", y dijo que por intermedio de la "Secretaría de Control Judicial está llevando a cabo verificaciones exhaustivas en aquellos juzgados y tribunales de juicio que exhiben demoras en la fijación de audiencias para la realización de juicios".
La Corte reiteró su reclamo al Gobierno de Felipe Solá por nuevos órganos judiciales y mayor infraestructura para que los tribunales puedan cumplir adecuadamente su tarea.
"Existen innumerables pedidos efectuados, ya sea en el proceso de debate de las leyes de presupuesto como gestiones concretas dirigidas a conseguir la creación de nuevos órganos judiciales y obtener la infraestructura indispensable para la puesta en funcionamiento efectiva de órganos ya creados por la Legislatura", indicó a través de un comunicado.
El organismo judicial se comprometió a analizar "un conjunto de propuestas de modificaciones legislativas a fin de dotar de mayor celeridad los procesos penales, las que en breve plazo hará llegar a la Legislatura".
Al comienzo de las protestas, los internos elevaron un petitorio en el que reclamaron la aceleración de las causas penales, la derogación de la ley 12.405 que faculta a los jueces para el dictado de prisiones preventivas en forma automática y la creación de una ley procesal de excarcelación acorde a las pautas establecidas por los organismos de derechos humanos.
Además, exigieron la conformación de una figura procesal que sancione a jueces que incumplan sus funciones (morosidad) y que se fije un plazo razonable de prisión preventiva si no hay fallo firme en la causa.
La medida de fuerza alcanza a los penales 1 de Olmos, 24 de Florencio Varela, 8 y 33 de Los Hornos, 28 de Magdalena, 9 de La Plata, 45 de Melchor Romero y 51 de Magdalena. También, se cumple en la comisaría 14 de Melchor Romero.
