El juez federal Claudio Bonadío volvió a allanar el viernes la sede de la Secretaría de Derechos Humanos, en el microcentro porteño, para incautar legajos y documentos en el marco de una denuncia contra el titular de ese organismo, el ultrakirchnerista Martín Fresneda, por presuntas irregularidades en el manejo de las indemnizaciones a ex presos políticos y a víctimas de militares y grupos paraestatales.
A fines del año pasado, Fresneda se había comprometido a entregar al juzgado toda la documentación requerida por Bonadío, que está de turno y, por lo tanto, no se tomó vacaciones.
Bonadió consideró que había transcurrido un tiempo prudencial y ordenó un nuevo allanamiento, que se concretó el viernes pasado en el piso 10 de la Secretaría, ubicada en la calle 25 de Mayo 552.
La denuncia contra Fresneda fue presentada por Julio César Aráoz, un dirigente peronista cordobés que fue “preso político” entre 1970 y 1973. Según Aráoz, Fresneda no habilita el pago que le corresponde porque no es kirchnerista.
En el marco de esa denuncia, Bonadío reclama los legajos de personas que estarían en las mismas condiciones de Aráoz, con pagos negados porque son críticos del oficialismo.
Además, el juez quiere conocer el listado, con nombre y apellido, de todos los desaparecidos y muertos cuyos herederos cobraron la indemnización prevista en una ley sancionada en los noventa, durante la presidencia de Carlos Menem, que equivale a 100 veces el sueldo más alto de la administración pública nacional.
Además, reclamó la entrega de una treintena de legajos sobre pagos presuntamente irregulares, como el del cordobés Fernando Haymal, que fue fusilado por Montoneros bajo los cargos de traición y delación el 2 de septiembre de 1975, antes de la dictadura, pero ahora figura como “Víctima del Terrorismo de Estado”.
Los familiares de Haymal cobraron la indemnización prevista por la ley 24.411.
Fresneda, que es abogado, conoce este caso porque, como revelé en mi último libro ¡Viva la sangre!, fundó y milito en el grupo HIJOS de Córdoba junto con el segundo hijo de Haymal, Marcos, quien, por aquella época, no sabía que su padre había sido muerto por Montoneros.
Otro de los legajos que quiere analizar el juez es el de Hugo Irurzun, “El Capitán Santiago”, un ex “oficial” del Ejército Revolucionario del Pueblo que fue ultimado por la policía paraguaya en Asunción el 18 de septiembre de 1980, luego de matar, junto con un comando encabezado por Enrique Gorriarán Merlo, al ex dictador nicaraguense Anastasio Somoza.
Los familiares de Irurzun cobraron la indemnización prevista para las Víctimas del Terrorismo de Estado a pesar de que su muerte fue en otro país, sin intervención de la dictadura argentina; en aquel momento, el ERP no existía y Gorriarán Merlo e Irurzun colaboraban con el gobierno nicaraguense.
*Editor ejecutivo de la revista Fortuna y autor del libro ¡Viva la sangre!
