La evasión de impuestos puede ser la llave para acorralar al empresario Lázaro Báez en la causa por presunto lavado de dinero. El embajador de Suiza en Argentina, Johannes Matyassy, recibió a PERFIL y contó los entretelones de la relación entre su país y la Justicia argentina en el caso Báez. Además, adelanta la clave para que el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan obtengan la información que necesitan. La Justicia busca saber de dónde provinieron los casi 60 millones de dólares que Báez ingresó a Suiza y luego repatrió como bonos argentinos a su cuenta bancaria local. La principal hipótesis es que podría deberse a dinero negro o no declarado en la Argentina, posible producto de sobreprecios en la obra pública y que se justificaron con el pago de gastos inexistentes. Para justificar esos gastos, la Justicia cree que Báez habría utilizado facturas apócrifas y empresas fantasmas, según altas fuentes judiciales. Así, habría evadido al menos 120 millones de pesos de IVA, según informó a la Justicia la propia AFIP en 2007.
Como adelantó PERFIL el sábado, la Justicia busca un delito precedente que le permita probar que se lavó dinero. En la ley vieja de lavado, que rige para esta causa, se obliga a la Justicia a determinar que el dinero supuestamente lavado proviene de la comisión de otro delito. La evasión fiscal es el más fácil de probar. Pero en Suiza la ley es diferente y las condiciones del tratado de cooperación entre ambos países pone en aprietos el futuro de la investigación judicial.
—Que Suiza informe sobre cuentas y movimientos bancarios es esencial para que se defina el destino de Báez. Pero no sucede. ¿Cooperarán con la Justicia?
—El caso Báez es un caso particular. Es el primer caso de cooperación mutua que se aplica desde el nuevo convenio de cooperación con Argentina. El juez Casanello no hizo mal el exhorto ni Suiza se negó a colaborar. El banco con el que operaba la familia Báez informó movimientos dudosos a la entidad anti lavado suiza. Esa entidad bloqueó las cuentas bancarias y envió el informe al Ministerio Público para siga investigando. Luego llegó el exhorto del juez Casanello pidiendo información sobre estas cuentas a la Oficina de Justicia, que como el Ministerio Público depende del Ministerio de Justicia, pero es la instancia previa para que los exhortos lleguen a la Justicia. Allí se revisa si el exhorto cumple con los requisitos. Lo que faltaba en el exhorto es explicar cuál sería el delito precedente del supuesto lavado (en la causa, sostienen que no era necesario porque sólo pedían un informe). Ese requisito es necesario para Suiza.
—La Justicia argentina sigue una pista sobre cuál podría ser el delito precedente. ¿La evasión fiscal puede ser el delito que se use en el exhorto para pedir la información?
—La evasión fiscal como tal, es decir, el hecho de no pagar impuestos, no es delito precedente al lavado de dinero para Suiza. Pero si se prueba que el dinero evadido proviene de un caso de defraudación o corrupción entonces sí se convierte en delito preexitente.
—¿El exhorto podría mencionar indicios de cuál sería el delito precedente, sea corrupción o defraudación, o debe mostrar pruebas?
—De eso tienen que hablar el juez Casanello y Suiza, la Oficina de Justicia suiza. Parece que el acuerdo bilateral permite utilizar sólo indicios de cuál sería el delito precedente. Quizás en Suiza pusimos la vara un poco alta. Tienen que hablar, ya sea personalmente o por video conferencia.
—¿Cuál es la situación de los Báez en la causa suiza?
—La causa está avanzando. Hoy me informaron que están realizando la instrucción penal y que se está progresando en el flujo de análisis financiero de las cuentas. El dinero está bloqueado y eso generó un pedido de la familia Báez para que se levante esa medida.
—Suiza y Argentina firmarán otro acuerdo de cooperación fiscal. ¿Cuál era la postura de la AFIP?
—Argentina quería un acuerdo de intercambio inmediato de información impositiva y aduanera. Nosotros no estamos de acuerdo con que el intercambio sea inmediato sino mediante un pedido previo. Es una posición general de Suiza. La AFIP logró convencer a la Presidenta de que acepte esos términos y logramos un acuerdo para evitar la doble imposición de impuestos.
—¿Qué implica el acuerdo?
—Que una empresa o individuo no tenga que pagar en los dos países el mismo impuesto.
—¿El tratado incluye cláusulas contra el lavado?
—No, es sólo fiscal. Suiza cambió mucho su legislación para tener una plaza financiera limpia. Antes, mucha gente tenía cuentas en nuestro país para no pagar impuestos. Las encuestas dicen que la mayoría de los suizos no quieren que su país sea ese tipo de plaza financiera. En este contexto hay también una pelea de mercados internacionales por correr a Suiza y quedarse con sus clientes, como Londres, Delaware en Estados Unidos, entre otros.
