La fuga de los ex militares Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, procesados por delitos de lesa humanidad, estuvo planificada y contó con una estructura de apoyo. A esa conclusión arribó ayer Juan Miguel Gálvez, el juez federal de San Juan que firmó la autorización y atención médica de los dos represores que se dieron a la fuga en el gigantesco Hospital Militar Central, ubicado en el barrio porteño de Palermo.
Gálvez no hizo más que instrumentar la autorización que ya había firmado otro de los jueces federales de esa provincia, Leopoldo Rago Gallo, el mismo que meses atrás procesó a los ahora prófugos. Después de justificar el traslado, el magistrado responsabilizó por el episodio al Servicio Penitenciario Federal.
“Yo no podía dejar de aplicar la ley ni denegar los derechos de los detenidos. Lamento que se haya producido esta fuga, pero la responsabilidad es del Servicio Penitenciario Federal”, explicó el juez Gálvez en diálogo con la prensa sanjuanina. También opinó que “hubo complicidad en la fuga, pero no en San Juan, sino donde sucedió el hecho. Ahí es donde hay que investigar, donde pasó”.
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Olivera y De Marchi fueron condenados el 4 de julio último a prisión perpetua y estuvieron detenidos en San Juan hasta el 16, día en que llegó una comisión del Servicio Penitenciario Federal “integrado por tres personas” y los trasladaron al penal bonaerense de Marcos Paz. “Siempre mostraron buena conducta dentro del Penal mientras estuvieron alojados allí. Se mostraban tranquilos y pensantes, pese a que sabían que podían recibir una dura condena”, recordó el director del Servicio Penitenciario de San Juan, Leonardo Barac.
Gálvez destacó que, a los pocos días de llegar al penal de Marcos Paz, “por intermedio del defensor oficial, pidieron la autorización para poder ir al Hospital Militar para poder hacerse atender por temas de salud”. “Ese fue el oficio que se firmó y donde en el mismo se recomienda al servicio penitenciario que arbitre todas las medidas necesarias para dicho traslado, sobre todo en tema seguridad y evitar fugas”, dijo. Aclaró que en la condena que dictó el Tribunal Oral federal, en el punto once, estaba contemplado el traslado de los condenados a una cárcel Federal. De hecho, Olivera y De Marchi ya habían estado detenidos en Marcos Paz antes de ser procesados. También ya habían sido atendidos en el Hospital Militar Central.
Todas las miradas están puestas sobre Marta Ravasi, psicóloga del área de salud mental del Hospital Militar y esposa de Olivera. En el juzgado federal a cargo de Claudio Bonadío, quien sigue la investigación de la fuga, sospechan que la profesional pudo haber estado involucrada en el hecho junto a otros funcionarios.
El viernes, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofreció dos recompensas de dos millones de pesos cada una para quienes aporten “datos fehacientes” que favorezcan la captura. En tanto, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, dispuso el pase a retiro de militares y el relevo de funciones del personal del Ejército que desempeñaba tareas de conducción del Hospital Militar Central, medida que incluyó a dos generales. No hay “explicación lógica para” esta fuga, dijo Margarita Camus, víctima de la dictadura y abogada querellante en la megacausa por delitos de lesa humanidad. También sostuvo que “aquí hubo complicidad del Servicio Penitenciario Federal con apoyo y logística exterior”.
