“Vamos a dejar de imponer el número, nos vamos a abrir al debate”, confió a PERFIL una fuente de la Cámara de Diputados. Para inaugurar un proceso de “concertación” y acuerdo en el Congreso, el kirchnerismo les otorgó ocho comisiones al radicalismo y tres al PRO. El estilo dialoguista, diferente de otras épocas, es la nueva estrategia diseñada por Cristina Kirchner, que tomó nota de la derrota electoral de octubre, pese a que otros hechos la hayan opacado. La negociación por el oficialismo la llevó adelante la diputada nacional Teresa García. Le falta el aval de la Casa Rosada para sellar el acuerdo, que en los hechos estaría cerrado. Así, la UCR se quedaría con la estratégica comisión de Educación, que tiene que sacar la Ley de Educación Superior, varada hace años en la Cámara. Esa comisión sería para el radical Julio Cobos. La noticia fue que el Gobierno decidió otorgarle al PRO la comisión de Legislación Penal, que tiene en sus cajones la Ley Penal juvenil y la Ley de Ejecución penal, pero no así la reforma al Código, que sería tratada por una bicameral. Esa comisión será encabezada por Patricia Bullrich. El PRO se queda además con Asuntos Municipales y Mercosur. Además de Educación, el radicalismo se quedaría con Economía, Discapacidad, Prevención de las Adicciones, Vivienda, Asuntos Cooperativos y Defensa del Consumidor, aunque esta última está en disputa con el kirchnerismo. A La Cámpora le entregarían la comisión de Justicia, justo cuando dos camporistas asumieron en el Consejo de la Magistratura. El Gobierno quiere influir en la designación y destitución de magistrados, en un año con varias causas de corrupción que lo salpican. El reparto tiene que ser avalado por la Casa Rosada la semana que viene.
