El Frente de Todos está decidido a acelerar y lograr que el próximo jueves el proyecto de reforma de los regímenes especiales que tienen los magistrados y los diplomáticos sea aprobado en la Cámara de Diputados para poder avanzar rápidamente hacia el Senado. Para ello, ayer se formalizó la convocatoria a un plenario de comisiones el miércoles a las 14 y a una sesión especial el jueves al mediodía. Desde Juntos por el Cambio se oponen a un tratamiento exprés de la iniciativa, aunque dan por descontado que el oficialismo, junto a un grupo de aliados, conseguiría el número para avanzar.
Tanto desde la Justicia como entre los funcionarios del servicio exterior apuestan a poder intervenir en el proceso e incorporar modificaciones (ver aparte), algo de lo que todavía en el Frente de Todos evitaron dar precisiones. Las versiones de pasillo en la Cámara de Diputados son que la decisión del Gobierno es avanzar sin demoras con el tratamiento.
El plenario será de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social. Para eso, antes se deberá cumplir con otra formalidad: que se conforme la Comisión de Previsión, ya que todavía no se reunió en lo que va de las sesiones extraordinarias (a pesar de que la ley de emergencia votada en diciembre incluía el congelamiento de la movilidad jubilatoria, por ejemplo). El titular será Marcelo Pablo Casaretto, diputado por Entre Ríos, que responde políticamente al gobernador Gustavo Bordet. La Comisión de Presupuesto la preside Carlos Heller, quien ya estuvo liderando el trabajo parlamentario durante el debate por el proyecto de sostenibilidad de la deuda.
En las últimas horas, ante la demora del oficialismo en convocar al plenario de comisiones, se especuló con que le estaba costando juntar los votos necesarios. Con el rechazo de Juntos por el Cambio al tratamiento exprés, el oficialismo necesita el acompañamiento de otros bloques, como el Federal (conduce Eduardo Bali Bucca) o Unidad Federal (José Luis Ramón). En la semana, el mendocino Ramón presentó un proyecto alternativo, con la venia del sindicato de los judiciales, que lidera Julio Piumato. De todas formas, fuentes parlamentarias consideran que esos dos interbloques terminarán mostrando fisuras en el debate y, como mínimo, prestarán el número para garantizar el quórum. Así, el Gobierno se garantizaría otra cómoda sanción de una iniciativa propia en Diputados.
Radicales, macristas y lilitos, en tanto, definirán entre martes y miércoles la postura a tomar. Más allá de exigir un tratamiento más profundo del tema (consideran que tal como está terminará siendo declarado inconstitucional), hay sectores que ya están alertando por lo que consideran es un contexto de “embestida” del Gobierno contra el Poder Judicial, en el que este proyecto es solo un punto más. Sin embargo, la discusión buscará también ver cómo evitar quedar parados como defensores de privilegios de los jueces.
