La Cámara de Diputados debatía esta noche el proyecto de "Ley de la normalización de la deuda pública y recuperación del crédito", que envió el Ejecutivo para cerrar el acuerdo con los holdouts y que el oficialismo aspira a convertir en ley luego de consensuar una serie de modificaciones con distintos sectores de la oposición.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, llegó al Congreso para interiorizarse sobre la redacción de las modificaciones que se realizaron al proyecto de "Ley de la normalización de la deuda pública y recuperación del crédito", aunque la información no fue confirmada desde el oficialismo.
Por su parte, el jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, indicó que junto a su compañero de bancada Marco Lavagna estuvo reunido hoy con el secretario de Finanzas, Luis Caputo, para definir los cambios a la propuesta enviada por el Ejecutivo entre los que se destacaron una cláusula que funcionará como "un cepo de litigio a los acreedores".
"Se incluyó una cláusula que anticipa que aquellos que cobran no puede litigar. Además se resolvió limitar el endeudamiento de la Argentina, aún no se definió si será 12.000 o 12.500 millones de dólares", señaló Massa, quien confirmó su apoyo a la propuesta.
Otra de las variantes realizadas establece que la aplicación de la ley queda "supeditada a la sentencia efectiva, por lo que si no hay fallo firme, la ley no se puede aplicar", agregó.
La sesión arrancó a las 12.20, pero el tratamiento del acuerdo con los denominados fondos buitre recién se inició cerca de las 13.30 con la exposición del macrista Luciano Laspina, quien como miembro informante defendió la propuesta oficial y destacó que la negociación del Gobierno promueve "una quita del 38 por ciento" de la sentencia y "una quita de los intereses acumulados del 56 por ciento".
"Estamos hablando de una negociación tremendamente exitosa", aseveró Laspina, quien aseguró que "a la fecha han aceptado esta propuesta el 85 por ciento los bonistas con medida cautelar que son los bonistas que tienen el poder de fuego para dejar a la Argentina fuera del mercado de crédito".
En este contexto, el legislador indicó que "del total reclamado de 18.824 millones se necesitará emitir menos de 12 mil millones para cancelar todos estos compromisos".
De acuerdo a lo destacado por Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, "cambiamos una deuda que crece a más del 8,5 por ciento por otra que rinde menos del 7,5 por ciento", lo que se traduce en un "ahorro de 10.000 millones de dólares para el futuro".
Desde el kirchnerismo respondió el diputado y ex ministro de Economía Axel Kicillof, quien calificó como "un exceso del Ejecutivo" el proyecto enviado al Congreso porque "refrenda un acuerdo que genera inequidad" entre los bonistas.
El ex ministro advirtió sobre "la especie de trampa en la que nos están metiendo hoy aquí discutiendo esta ley por un dictado del juez (Thomas) Griesa", al tiempo que alertó que "la imposición de este apuro proviene de tribunales extranjeros y especuladores extranjeros".
"Este proyecto para pagar esta enormidad con estos riesgos ni siquiera pone límite a la emisión", protestó el legislador, quien también se quejó porque "los acuerdos ya incumplen la ley" y los holdouts "se reservan el derecho de seguir accionando judicialmente" contra la Argentina.
Otro de los que se opuso a la propuesta oficial fue el diputado por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Néstor Pitrola, quien afirmó que "no hay que mentirle al pueblo, nunca los ciclos de endeudamiento fueron invertidos para el desarrollo nacional".
En tanto, Lavagna sostuvo que el acuerdo que promueve el gobierno "marca una derrota" para la Argentina "por diversos factores" y apuntó que "estamos negociando en una situación de desventaja, de apuro, en una situación donde estos riesgos legales nos dejan debilitados".
Diego Bossio (bloque Justicialista) ratificó que van a "aprobar" la negociación con los holdouts a pesar de que "hay aspectos" que "no" lo "convencen", pero reconoció "buena fe" de los funcionarios del Gobierno que llevaron adelante las negociaciones.
El ex massista Darío Giustozzi (Social Cristiano) reclamó a la dirigencia política "la grandeza y la dignidad" para tratar el acuerdo con los holdouts y pidió que la propuesta "salga con suficiente consenso para resolver un problema de difícil solución".
La jefa del GEN, Margarita Stolbizer, fustigó al kirchnerismo por criticar el proyecto enviado por el Gobierno para acordar con los holdouts al advertir que "si se la saben todas porque no la arreglaron en vez de dejar el balurdo que dejaron".
El proyecto enviado por el Ejecutivo promueve la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano que impedían realizar ofertas por encima de los montos abonados a los bonistas que ingresaron en los canjes de 2005 y 2010 y lo autoriza a emitir títulos por plazos de 5, 10 y 15 años.
