El oficialismo consiguió aprobar esta madrugada en el Senado el proyecto de reforma de la ley de Abastecimiento, con una serie de modificaciones en el texto original. El proyecto fue aprobado en general y en particular, tras casi cuatro horas de debate, casi a las 4.30 de hoy, con 38 votos afirmativos, contra 27 negativos y fue girado a la Cámara de Diputados.
El senador informante por el FPV-PJ fue el santacruceño Pablo González, quien, tras acordarse el tratamiento en forma conjunta del proyecto a las dos iniciativas sobre derechos del consumidor, apuntó que en el oficialismo, a diferencia del referente de UNEN y actual diputado socialista Hermes Binner, "no creemos en la mano invisible del mercado".
Al analizar el proyecto de nueva regulación de las relaciones de producción y consumo, recordó que este tipo de normativas rigen en el país desde la década de 1920, con el gobierno del radical Hipólito Yrigoyen por "la famosa crisis de alquileres". Agregó que hubo una nueva ley en 1964 en el gobierno del radical Arturo Illia y fue de nuevo tratada en 1974, con el gobierno peronista, para recordar además que todas esas normativas contemplaban penas de prisión, que en la actual versión fue eliminada.
González dijo que la intención es "garantizar el funcionamiento transparente del mercado" y señaló que en la mayoría de países del mundo existe este tipo de regulaciones, como en la Comunidad Económica Europea, Brasil, México y los Estados Unidos. Indicó que la norma está referida solo "al 1 por ciento de las empresas (las grandes y medianas empresas con capacidad de formación de precios)".
El radical Luis Naidenoff informó sobre el rechazo de su bloque a la iniciativa y lo vinculó a "dos razones importantes": porque -a su entender- "vulnera el orden jurídico constitucional establecido y porque es irracional, desde el punto de vista de los incentivos para comerciantes e industriales que deseen invertir y arriesgar en el país".
El proyecto aprobado implica una nueva regulación de las relaciones de producción y consumo, al que el oficialismo, tras el plenario de comisiones y las críticas expresadas allí por sectores empresarios, se vio obligado a incorporar modificaciones como la exclusión del régimen de sanciones a las pequeñas y a las medianas empresas que no sean formadoras de precios; eliminó las clausuras definitivas como parte de las sanciones previstas en el proyecto inicial.
Además, tipificó las conductas para aplicar las sanciones con el objeto de restringir la criticada discrecionalidad del Ejecutivo; estableció el pago de una compensación "justa y oportuna" en el caso de que la autoridad de Aplicación intervenga en la producción y de ello se origine un perjuicio económico de una empresa, así como se dispuso la preservación de la confidencialidad de los datos empresarios dados a la Autoridad de Aplicación.
En paralelo, el Senado aprobó y envió a la Cámara de Diputados un paquete de leyes de defensa del consumidor que postula la creación de un Observatorio de Precios y establece la puesta en marcha de una auditoría de las relaciones de consumo y un fuero federal para resolver los reclamos de los usuarios y consumidores. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para la creación del fuero federal de consumidores fue aprobado por 53 votos afirmativos y 11 negativos, mientras que la propuesta de creación del Observatorio de Precios avanzó con 38 votos a favor y 27 en contra.
También se prevé la puesta en marcha de un fuero en la justicia federal que debe resolver las controversias originadas en las relaciones de consumo.
En resumen, el proyecto prevé un Servicio de Conciliación de las Relaciones de Consumo; una Auditoria en las Relaciones de Consumo (organismo de carácter autárquico perteneciente a la órbita del Ministerio de Economía) y la Justicia Federal en las Relaciones de Consumo.
Dentro del ámbito de la Justicia se prevé la creación de ocho juzgados federales y una Cámara Nacional de Apelaciones y se fija "una duración máxima del proceso de 60 días".
El presidente del bloque de senadores por la UCR, Gerardo Morales, evaluó que la propuesta "aleja a la justicia de los usuarios", ya que la gente del interior tendrá que movilizarse hasta otras provincias para llegar hasta un juzgado federal. Otro repudio fue de la senadora macrista Gabriela Michetti, quien sostuvo que "tenemos normativa específica que podemos trabajar" y en este sentido defendió el actual Tribunal de Arbitraje de Consumo y reclamó la puesta en marcha del Tribunal de Defensa de la Competencia.
Por último, el kirchnerismo de la Cámara alta consiguió la media sanción y envió a Diputados el proyecto de ley para cambiar el lugar de pago de la deuda reestructurada y revocar el mandato del Bank of New York Mellon (BONY) como agente fiduciario, para ofrecer una alternativa a los acreedores ante las trabas a los cobros impuestos por los fallos del juez Thomas Griesa.
La norma fue aprobada por 39 votos positivos, 27 en contra y dos abstenciones que correspondieron a Magdalena Odarda y Fernando "Pino" Solanas, ambos del Frente Amplio Progresista.
El presidente del bloque de diputados por el Frente para la Victoria (FpV), Miguel Angel Pichetto, justificó la ley porque "se han incorporado a los holdouts" ya que se les dejará depositado el dinero y, de esta manera, la Argentina demuestra "la voluntad indeclinable de pago". "Estoy convencido de que este es un mecanismo muy importante, es un instrumento que va a tener un resultado positivo", agregó el legislador kirchnerista en el cierre de la sesión.
