El plan para traer refugiados sirios pierde ambición

Después de haber anunciado que Argentina iba a recibir a tres mil refugiados sirios que escaparon de la guerra, el Gobierno descubrió que se trata de un objetivo demasiado riesgoso, intrincado y costoso. Intentó hacer una carambola múltiple: congraciarse con Estados Unidos, la Unión Europea y el Papa, y a la vez promocionar la candidatura de Susana Malcorra para conducir la ONU. La ambiciosa promesa, sin embargo, se achicó hasta convertirse en una disposición de Migraciones que amplía un plan preexistente. Amnistía Internacional y las colectividades sirias critican la falta de avances del proyecto.

En apenas tres meses, el anuncio de Mauricio Macri pasó de ser una movida con aspiraciones geopolíticas a la mera continuación de un programa de visados humanitarios, creado por decreto en agosto de 2014. Con una paradoja: el macrismo quiere sacar chapa de interesado en el tema, pero asumiendo gastos mínimos.
“Estamos dispuestos a recibir unos tres mil refugiados, y ser parte de la solución a un problema global”, declaró en junio pasado el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Fue después de una reunión que tuvo en la Casa Blanca con la asesora de Seguridad Nacional de Barack Obama, Susan Rice.

El Gobierno buscó así sumar otro punto de afinidad con Estados Unidos, Europa y también Francisco, que en abril pasado visitó un campo de emigrados en Grecia. La guerra civil de Siria forzó la huida de casi cinco millones de personas, en la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial.
Si bien nunca dio demasiadas precisiones, más allá del número de tres mil personas, el Gobierno presentó su promesa como un plan de reasentamiento. Es decir que el Estado se haría cargo del viaje, la casa, el trabajo y la estabilidad integral del emigrado en riesgo. Pero ese entusiasmo chocó con dos datos: por un lado, que el costo aproximado de reasentar a una persona es de veinte mil dólares. Por el otro, el peligro de que algún terrorista viole los controles de la ex SIDE, hundida en una puja de facciones, y logre entrar al país.

Con el argumento de que nunca se establecieron plazos concretos, en Cancillería niegan que el programa esté frenado. Y hasta anticipan que Macri se jactará de la iniciativa tanto en la próxima Asamblea de Naciones Unidas (el 19 y el 20 de septiembre) como en una cumbre especial sobre refugiados organizada por Obama.
Pero lo cierto es que, desde aquel planteo inicial, el macrismo empezó a moderar sus expectativas. Con mínima sutileza, la canciller Susana Malcorra pidió ayuda externa hace un mes: dijo que se está “conversando con la UE y con Estados Unidos porque, si acompañan (financieramente), eso facilita”, porque el Gobierno “no puede hacer algo descolocado con el contexto interno”.

Tras algunas discusiones y reuniones en la sede de Migraciones por parte de la llamada Mesa Siria, donde hay representantes de los ministerios de Seguridad, Salud, Trabajo y del Interior, la Cancillería, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y las ONGs de las comunidades árabes, el Gobierno resolvió concretar el ajuste.

La reciente Disposición 4683 de Migraciones lo confirmó: “Se ha considerado conveniente introducir algunas modificaciones en la norma en lo referente al procedimiento de tramitación de permisos de ingreso y visados por parte de los beneficiarios del Programa Siria”. La principal modificación del decreto de agosto de 2014 es que, en adelante, los “llamantes” (interesados en traer y garantizar por un año la estabilidad del refugiado) podrán ser ONGs, además de personas y familias. Una vez aprobado el pedido por la AFI y el Ministerio de Seguridad, Migraciones se encargaría de facilitar los trámites. El Gobierno además pretende que los gobernadores aporten empleo y vivienda.

“El Programa Siria es una iniciativa de privados. Argentina debe asumir responsabilidad en la crisis global pero de una manera responsable, fortaleciendo la integración local del refugiado”, señaló la directora de Justicia Internacional en Amnistía Argentina, Leah Tandeter. Si bien apoyan el trazo grueso del plan, desde las organizaciones árabes explicaron que no cuentan con los recursos para hacerse cargo de la integración plena. “El programa viene lento y nosotros no tenemos capacidad para asumir semejantes costos”, explicó el presidente de la Confederación de Entidades Argentino Arabes (Fearab), Adalberto Assad.

Otro de los recortes que analiza el Gobierno refiere a la promesa de llegar a tres mil refugiados. Desde Migraciones afirmaron que se podría llegar a esa cantidad por goteo y en un plazo de unos cinco años, con una primera meta de 300 hasta fin de año. Pero el macrismo tampoco descarta incluir a los casi 1.400 sirios que ya entraron a la Argentina desde 2011 (algunos a través del programa y otros por sus propios medios), cuando empezó la guerra civil. De hacer así las cuentas, Macri ajustaría su objetivo inicial a la mitad.