La Justicia se encuentra fragmentada, aunque las partes se esfuercen en negarlo. Enfrenta a aquellos magistrados alineados con las políticas de la Corte Suprema, cabeza del Poder Judicial, contra quienes integran la agrupación “Justicia Legítima”, liderada por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, elegida para ese cargo por la presidenta Cristina Kirchner.
El Máximo Tribunal y la jefa de los fiscales se cruzaron con dureza por el debate instalado por el Gobierno sobre si los jueces deben pagar el impuesto a las Ganancias. La Corte le contestó a la Procuración que la acordada no abarca ni a fiscales ni defensores, por lo que insinuó que deberían estar pagando el tributo.
Ayer en declaraciones a Radio América, la fiscal federal Fabiana León, anunció que “pagará ganancias por motu propio porque nadie se lo prohíbe”.
PERFIL informó ayer que cinco de los siete ministros de la Corte están a favor de anular la acordada, pero que buscan un acuerdo con el Ejecutivo y el Congreso para suavizar la repercusión de la medida dentro del Poder Judicial, donde no será bien vista.
Por la retención de ganancias los empleados judiciales ya anunciaron paro de actividades con marcha a la Procuración para el 20, y los jueces podrían judicializar el proyecto con amparos y recursos de inconstitucionalidad.
Los encargados de redactar las reformas judiciales para elevar al Congreso serían Carlos Zannini, secretario de la Legal y Técnica, y su par de Justicia, Julián Alvarez, sindicados por fuentes gubernamentales como dos de los “mentores” de la agrupación “Justicia Legítima” y por fuentes judiciales como los “encargados de amedrentar y disciplinar” al Poder judicial. En las reformas trabajan también jueces, fiscales y consejeros con afinidad al Gobierno, además de “asesores de la reforma” como el periodista Horacio Verbitsky, director del Centro de Estudios Legales y Sociales, y el ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni, según explicaron a PERFIL fuentes judiciales.
Alta también es la temperatura que se vive en los pasillos del edificio de Comodoro Py, sede de la Justicia criminal federal, donde la mayoría de jueces y fiscales han criticado las propuestas de “Justicia Legítima”, por encubrir la intención de “amedrentar”. Dichas fuentes, coinciden en que el Poder Judicial será más vulnerable al Poder Ejecutivo si se modifica el Consejo de la Magistratura, órgano ya utilizado para “disciplinarlos”.
La tensión judicial se ha trasladado incluso al seno del kirchnerismo en el que se bifurcan las líneas entre los camporistas, los soldados de la primera hora que acompañaron al ex presidente Néstor Kirchner y ahora los “legítimos”, describen voces con llegada a Balcarce 50.
