En el gobierno de Mauricio Macri tienen previsto presentar en las primeras semanas de enero el tan anunciado “protocolo antipiquetes”, que esperan tenga las adhesiones de todas las provincias y que tiene como aspecto novedoso la garantía de que los medios públicos les darían cobertura a las protestas sociales.
Atentos a que el objetivo principal de los piquetes es darle visibilidad pública a un conflicto para aumentar las probabilidades de que sea resuelto, en el Ministerio de Seguridad buscan desactivar el corte de tránsito garantizando que los medios estatales como la TV Pública, Radio Nacional o Télam cubran la protesta, y así intentar contagiar a los medios privados. “Alguien que se manifiesta debería buscar visibilidad, no sólo querer cortar, si no está buscando otra cosa”, explican.
Ayer, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el mismo sentido, aseguró que la idea es “buscar una manera distinta de hacer visibles los conflictos que no sea el corte o la obstrucción total de los caminos y rutas”. “El objetivo es plantear un cambio de paradigma”, expresó en declaraciones a Radio Continental.
El borrador del protocolo ya está siendo analizado en diferentes ministerios, entre los que se destacan los de Seguridad, Justicia, Trabajo y Desarrollo Social. No buscará ser un proyecto que se convierta en ley, sino un manual que unifique los criterios para responder ante las protestas sociales. La legislación, argumentan, ya es clara sobre lo que hay que hacer ante cada situación, por eso lo que falta es un criterio que ordene la situación.
Los últimos años hubo en el Congreso diversos proyectos que buscaban un objetivo similar, alguno de ellos incluso impulsado por diputados del kirchnerismo. Sin embargo, hay voces críticas que afirman que el protocolo corre el riesgo de ser una carta de buenas intenciones pero sin poder para fijar políticas de acción o disuasión claras.
Por eso, en el equipo de Seguridad apuntan a definir aspectos “taxativos y concretos”. Y en ese sentido también se enmarca la intención de que los gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires adhieran al manual de procedimientos. Así, por ejemplo, reducirían los márgenes de conflictos por diferencias jurisdiccionales. No es lo mismo si un corte se da en una ruta provincial o en una nacional. “Va a ser un consenso de todos los ministerios de Seguridad del país”, dijo Bullrich. “Es tan importante que no estén cortadas las rutas en Jujuy, Salta, Tierra del Fuego o Santa Cruz, como en la Ciudad de Buenos Aires”, detalló.
Aunque todavía desde el Gobierno no quieren dar a conocer el texto del protocolo, ya se anticipa que tendrá cuatro ejes principales. En primer lugar, apuntará a la prevención, de manera tal que el Gobierno pueda anticiparse a las protestas. En segundo lugar, más operativo, está el tema mediático, para darles visibilidad a los conflictos. Un tercer eje, que es crucial para los especialistas, es el judicial. “Hubo casos donde los jueces ordenaban un desalojo pero la orden no tenía respuestas”, diagnostican. La idea es aceitar el mecanismo con los magistrados, de manera tal de evitar confusiones. El cuarto eje también será clave y es el rol de las fuerzas de seguridad. “Las reglas van a estar claras y las consecuencias también, y eso la gente tiene que saberlo”, indica una fuente que está al tanto del avance de las negociaciones.
En el PRO, además, repiten una máxima que tenían en el gobierno porteño: “En medio de un conflicto con corte de calle no se entrega nada a cambio”.
