La diputada Elisa Carrió ratificó ante la Justicia una denuncia contra los empresarios Lucas Ganceraín y Guillermo Misiano, acusados de cometer delitos de contrabando y evasión. Ganceraín es un contador vinculado históricamente a los cargos públicos dentro de organigramas encabezados por Aníbal Fernández. Misiano, por su parte, figura como presidente en una empresa que emplea a Ganceraín.
El exjefe de Gabinete, en dialogó con Perfil, ratificó a Ganceriaín como su mano derecha. "Lo tuve siempre en cada dependencia del Estado porque confío ciegamente en él, debe ser el mejor administrador que hubo en la función pública". Carrió detalla, en la denuncia, que a partir de 2016, cuando el exministro abandona la función pública, Ganceriaín reaparece como empleado de la sociedad “PTP WARRANT SA”, empresa dedicada a operaciones portuarias, almacenamiento y transporte pluvial que operó "las terminales y controló las actividades portuarias en esta hidrovía y desplegó su actividad sin control alguno, hasta el Puerto Villeta, en la ciudad de Asunción".
A su vez, siempre según la denuncia a la que accedió este portal, la integrante de Cambiemos desconfía de que la relación de la mano derecha de Fernández con la empresa sea de "subordinación y dependencia". Por lo que se desprende de las palabras de 'Lilita', Ganceiraín ocupa un puesto más importante que un simple empleado.
En lo que respecta a Guillermo Misiano, el cual Aníbal Fernández aseguró a este portal "no conocer", figura como accionista de PTP WARRANT y empleado de "PONAL TERMINALES PORTUARIAS SA". Ambas firmas tienen objetivos empresariales complementarios. En su denuncia, Carrió destaca que las siglas de ambas sociedades son idénticas pero los CUIT diferentes.
Mónica Frade, abogada investigadora de Carrió, apunta contra otra empresa ya que considera que "termina de cerrar el círculo" de impunidad: "GREGSER", investigada en Paraguay por desconocerse su origen. En el país guaraní afirman que funciona únicamente como "proveedora de logística" de PTP WARRANT.
Estas dos empresas consiguieron, siempre según la denuncia, la explotación exclusiva del puerto paraguayo Villeta, el tercer muelle del Puerto de Paraguay, y el de más recaudación por parte de Aduana, luego de los Puertos de Caacupemí y Terport.
Con este último puerto, estas tres empresas (PTP WARRANT, PONAL TERMINALES PORTUARIAS Y GREGSER) lograron el total control del corredor hídrico Paraná-Paraguay, a través del cual traficaban nitrato de amonio y soja, entre otras cosas, de acuerdo a lo detallado por Frade a Perfil.
La abogada de Cambiemos consignó en su denuncia que el fiscal Hernán Galeano está estudiando el misterioso origen de la sociedad GREGSER y estaría avanzando en la implicancia de ambas empresas en la presunta trama de blanqueo de capitales entre los años 2007 y 2015. Agrega también, que existen viajes realizados por directivos de PTP WARRANT a Paraguay con el avión del empresario preso, Lázaro Báez. Según precisan, ese era el modus operandi para sacar el dinero del país.
Por último, refieren a una complicidad por parte de Andrés Meiszner, quien como titular del RENAR firmó una resolución que "favorecía la importación y exportación de nitrato de amonio por parte de las terminales portuarias de los puertos de Buenos Aires y La Plata". Esa sustancia, explican "se encuentra prohibida en otros países, ya que puede ser utilizada en la elaboración de explosivos".
Sobre la decisión de Meiszner, Aníbal Fernández explicó en una publicación suya de Facebook del 22 de marzo de este año, que "el RENAR, dictó resoluciones permitiendo el ingreso de pólvora o explosivos por nuevos pasos fronterizos", pero esta decisión se toma "a pedido de las Cámaras del sector minero y petrolero, por cuestiones de seguridad. Esto, explica el exfuncionario K en su post se lleva a cabo "en forma tripartita entre el RENAR, Aduana y la fuerza de seguridad de la jurisdicción. Prefectura si es un puerto, PSA si es un aeropuerto o Gendarmería".
