En un nuevo round entre el Poder Judicial y el Gobierno, los funcionarios del gabinete K son pesimistas: creen que la Corte Suprema revocará la reforma aprobada por el Congreso y dejará al oficialismo en offside. El punto de la discordia –y lo que motivaría el dictamen del máximo tribunal– es la elección a través del voto popular de los consejeros de la Magistratura.
Ese es un tema crucial para la Casa Rosada, porque el Consejo es el que designa y destituye jueces y CFK cree que, tal como está hoy, el organismo favorece a “las grandes corporaciones” en detrimento de las decisiones que ella toma.
Para la jefa de Estado, es clave el control de los consejeros para ganarle la batalla al Grupo Clarín. La causa en la que se discute si es constitucional la Ley de Medios estuvo trabada durante más de tres años en el fuero civil y comercial, según la visión K, al amparo del Consejo de la Magistratura y de la propia Corte Suprema. Quizás por eso ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, advirtió ante los fallos adversos al Gobierno que todavía “hay conatos de colonialismo”.
Hoy, el tribunal que preside Ricardo Lorenzetti volvió a dominar la política: tiene en sus manos causas como la del cepo cambiario, los fallos en contra de los jubilados, la Ley de Medios y la pelea con las provincias por el pacto fiscal.
Pese a un escenario que asoma como negativo, Cristina Fernández está convencida de que podrá negociar con la Corte el éxito de la reforma judicial, pero es casi la única dentro del Ejecutivo que tiene esa esperanza. En los equipos técnicos del Gobierno la visión es diferente. La reacción de la Justicia contra las leyes aprobadas fue, desde el comienzo, negativa. El viernes, un juez en lo contencioso administrativo de Mar del Plata dictó una medida cautelar para evitar que se aplique la reforma.
Si logra imponer la elección de consejeros por el voto popular, el Gobierno ya tiene una lista de posibles candidatos. Lo que busca Cristina Kirchner son nombres con prestigio que, al igual que cuando se renovó la Corte Suprema, no puedan ser vulnerados por las críticas. En esa nómina aparece León Carlos Arslanián, ex ministro de Seguridad del entonces gobernador bonaerense Felipe Solá, y ex fiscal del juicio a las juntas militares en la década del 80, cercano al Gobierno nacional.
