España se halla inmersa en plena campaña electoral. El domingo 7 de junio se celebran allí las elecciones europeas, en las que se eligen los eurodiputados que se habrán de incorporar al Parlamento Europeo. La campaña se ha visto enturbiada por la acusación formulada por el Partido Popular de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, utiliza un avión Falcon de la Fuerza Aérea Española para desplazarse a los mítines electorales del Partido Socialista Obrero Español.
La polémica desatada no es lejana a una problemática similar que se ha instalado en la Argentina: el uso de los helicópteros oficiales para los traslados del consorte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a los actos del Partido Justicialista.
El líder del PP, Mariano Rajoy lanzó un reto a Rodríguez Zapatero: "Consideraría una burla a los españoles, que el presidente del Gobierno viajara a Asturias en un avión oficial". Este no se arredró y pocas horas después estaba viajando a Asturias, efectivamente, en un avión oficial para participar en un mitin de la campaña europea.
Los dirigentes del PSOE se encargaron de difundir los argumentos para justificar el uso que Zapatero ha venido haciendo del uso de los aviones oficiales desde que llegó a la presidencia del Gobierno en 2004. Según el ministro de Defensa, el presidente ejerce su cargo "las 24 horas del día, haga lo que haga y no puede estar fuera de cobertura, para comunicarse con sus ministros", de manera que "constituiría una grave irresponsabilidad cuestionar la seguridad de la presidencia del Gobierno".
Los populares han contra argumentado señalando que el presidente José María Aznar utilizaba aviones privados, que eran costeados por el PP, cuando se desplazaba a los actos de la campaña electoral. Sus dirigentes presentaron a la prensa las facturas de 23 vuelos que Aznar hizo en un Falcon 900 durante la campaña electoral de las municipales y autonómicas de 2003, que fueron abonadas por el PP. Señalaron que, lo habitual, en Europa, es que los partidos se hagan cargo de los gastos de traslado de sus dirigentes en campaña electoral, como acontece con la canciller de Alemania, Ángela Merkel a la que la CDU paga los desplazamientos a actos partidarios.
El Partido Popular presentó entonces un recurso ante la Junta Electoral Central y formuló una consulta al Tribunal de Cuentas por el uso de aviones oficiales para acudir a los mítines del PSOE. Aseguran que se produce una infracción a la ley de financiación de partidos políticos que establece un límite para cada campaña. Explican que si el PSOE no se hace cargo de los gastos de desplazamiento de Zapatero, pueden dedicar ese gasto a otros de la campaña, superando los límites legales establecidos. Finalmente instaron a que los jueces exijan al PSOE el reembolso al Estado de los gastos de esos vuelos.
Para Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida, estamos ante "un ejemplo de mala utilización de un bien de carácter público" y para Joan Ridao, de Esquerda de Cataluña, supone "un aprovechamiento ilícito de recursos que son de todos". Por consiguiente, en un caso extremo, podría entenderse que se trata de un caso de malversación de caudales públicos. Pero, cualquiera que sea el enfoque legal, lo cierto es que se produce una situación de competencia desleal frente a los otros partidos políticos, cuando el partido en el poder utiliza los recursos del Estado para el traslado de sus dirigentes a actos partidarios.
En la Argentina se ha denunciado el uso de un helicóptero que alquila la presidencia de la Nación, para trasladar al esposo de la presidenta Cristina Fernández a los actos del Partido Justicialista. Además del alquiler del helicóptero, la Casa Rosada se hace cargo de la filmación y televisación de los actos del presidente del PJ y aporta todo el personal del Estado necesario para la organización de los encuentros partidarios.
Obviamente, éste se trata de un caso más grave que el español, puesto que Néstor Kirchner no tiene ningún cargo oficial y por lo tanto carece de una cobertura legal que pueda justificar el uso de medios de transporte oficiales. Así lo ha denunciado el CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas) que ha considera "injustificable" que el Estado se haga cargo de los gastos de desplazamiento de Néstor Kirchner.
En 2007, cuando Cristina Fernández de Kirchner era simplemente "primera dama" y candidata presidencial por el oficialismo, se archivó una denuncia por un hecho similar, al considerar la inexistencia de delito. El entonces Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, pidió que la Oficina Anticorrupción reglamentara la utilización de los recursos del Estado por las esposas o esposos de los presidentes. Sin embargo, bastaría una aplicación rigurosa de la Ley 26215 de Financiamiento de los Partidos Políticos para terminar con esta corruptela. Podría considerarse el gasto como una contribución o donación indirecta no autorizada según lo establecen los artículos 15 y 16 de la citada disposición. La Ley no permite, por ejemplo, que los partidos reciban contribuciones o donaciones de "empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación". No parece razonable que se admitan impunemente las donaciones o contribuciones en especie que a las campañas partidarias del esposo de la presidenta se hacen desde la presidencia de la Nación.
En Italia, mientras tanto, los fiscales parecen ser más decididos que en la Argentina. El fiscal de Roma, Giovanni Ferrara ha ordenado una investigación para clarificar si en la utilización de aviones del Estado, el primer ministro Silvio Berlusconi ha incurrido en "comportamientos penales", al trasladar a amigos e invitadas a la isla de Cerdeña para asistir a las fiestas de su mansión de Villa Certosa. En algunos aspectos -los bufonescos- nos parecemos mucho a nuestros ancestros italianos. En otros -el rigor de los fiscales- no tanto.
(*) Agencia DYN
