El Congreso de Paraguay aprobó un estado de excepción por 30 días en cinco provincias del norte del país, para combatir la violencia desatada por un grupo armado de izquierda, informaron oficialmente fuentes parlamentarias este sábado. La medida fue adoptada por unanimidad por el Senado, luego de modificaciones introducidas por la cámara de Diputados el viernes.
El asesor jurídico de la Presidencia, Emilio Camacho, dijo a la radio Ñandutí que el presidente Fernando Lugo "analizará los cambios introducidos antes de promulgar el estado de excepción". El estado de excepción, con suspensión parcial de las garantías constitucionales, afecta a los departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay, Presidente Hayes y Alto Paraguay, regiones eminentemente rurales donde viven unos 800.000 habitantes.
La excepción permitirá la actuación operativa de las Fuerzas Armadas en el combate de miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupo irregular que se adjudicó los secuestros de dos ricos hacendados en 2008 y 2009, respectivamente y se le atribuye el asesinato de cuatro policías el pasado miércoles. La reacción de las autoridades tiene directa relación con el asesinato el pasado miércoles de los cuatro policías en el lugar conocido como Arroyito, distante a 500 km al norte, en el departamento de Concepción. Los agentes iban en persecución de supuestos ladrones de ganado de la estancia Santa Adelia, cuando fueron emboscados y masacrados, según tres peones de una hacienda ganadera que sobrevivieron al ataque. Los investigadores aseguran que los integrantes del EPP -ninguno de los cuales fue todavía capturado- fueron entrenados por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Si bien el estado de excepción puede ser establecido por decreto, el presidente Lugo presentó un proyecto de ley al congreso el jueves, pidiendo 60 días. La cámara alta rechazó el proyecto y redactó otro que establece la excepción por 30 días. La cámara baja introdujo modificaciones el viernes y devolvió la normativa que fue aprobada finalmente este sábado por los senadores.
Representantes de la oposición, que ejercen cómoda mayoría en las dos cámaras, acusaron al presidente Lugo de estar rodeado de marxistas que simpatizan y tuvieron alguna relación con los cabecillas buscados del EPP. El ex presidente Nicanor Duarte (2003/2008) dijo el viernes en declaraciones a periodistas que existe "comprobada complicidad de Lugo con los miembros del EPP". Según el ex mandatario, uno de los principales cabecillas buscados, Manuel Cristaldo Miers, trabajaba en la diócesis de San Pedro donde el actual presidente era obispo titular.
Agregó que una mujer, Francisca Andino, condenada a 30 años de prisión por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, la hija del ex presidente Raúl Cubas, "era catequista de Lugo y vivía en la Diócesis de San Pedro". "Estos fugitivos del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) deben ser capturados, pues todos los que habitamos esta tierra tenemos el derecho a vivir tranquilos", dijo Lugo el viernes, al fundamentar su pedido de un estado de excepción para combatir la violencia.
Fuente: AFP
