Evalúan usar cárceles privadas mientras las financia el Estado

La superpoblación penitenciaria sumada a la crisis económica que atraviesa la provincia de Buenos Aires llevaron a la gobernadora, María Eugenia Vidal, a evaluar un plan para construir cárceles mediante el sistema de leasing. El mecanismo permitiría ocupar la cárcel mientras se termina de pagar.

La idea, según adelantaron a PERFIL fuentes de la gobernación, es licitar la construcción de un primer complejo penitenciario el año que viene. Los técnicos del Ministerio de Justicia, a cargo de Gustavo Ferrari, se encuentran por estas horas revisando los aspectos legales.

En medio de un fuerte reclamo por seguridad, el sistema permitiría al Gobierno construir dos cárceles al mismo tiempo. Una con fondos públicos y la otra, mediante leasing, se iría pagando a través de un canon durante cinco a seis años. Entre tanto, los presos estarían detenidos en un edificio de propiedad privada pero controlados por autoridades del servicio penitenciario bonaerense. La financiada por fondos públicos comenzó a construirse en la localidad de Dolores, con una capacidad para 1.500 reclusos. El objetivo es edificar otra mediante leasing con la misma capacidad. Si se concreta, para fines de 2018 se calcula habría 3 mil plazas más para reducir un tercio de la superpoblación carcelaria, que se estima en unos 9 mil reclusos.

Con la llegada de Ferrari, el Ministerio de Justicia recuperó la facultad de licitar la construcción de cárceles, que antes estaba bajo la órbita del titular de Infraestructura, Edgardo Cenzón.

“Es difícil comunicar que se van a construir cárceles con todo el problema de infraestructura en escuelas y hospitales que hay en la Provincia”, analizó un ministro muy cercano a Vidal ante la consulta sobre la falta de anuncios oficiales al respecto.

Estuvo en sintonía con las declaraciones públicas del propio Ferrari: “Construir más cárceles supone también construir menos escuelas”, había dicho el ministro. El leasing es la búsqueda de un atajo que permita repartir la inversión en el tiempo.

La licitación sería de carácter internacional para así abrir el juego a varias empresas extranjeras y de esa manera empujar hacia abajo el costo.

El privado a cargo de la cárcel debería asumir el mantenimiento, como por ejemplo la limpieza del edificio. Un daño excepcional, como por ejemplo como consecuencia de un motín, caería sobre la espalda de la Provincia.
En la mente del equipo que conduce el subsecretario de Políticas Penitenciarias, el ex fiscal federal Juan José Baric, está la idea de emular algunos aspectos de los sistemas que se encuentran en Estados Unidos y en Francia, donde las condiciones edilicias, según consideran, son “casi óptimas”. Sin embargo, la diferencia radicaría en los programas de reinserción, donde Ferrari busca hacer foco. Las primeras cifras en la mesa del ministro le dan una reincidencia del 60% entre los presos de la Provincia.