En el otro país de Alberto Rodríguez Saá, San Luis, pasan cosas que no trascienden la frontera de la información. Por decreto, el gobernador puntano ordenó expropiar 222 hectáreas que están en las cercanías de su llamativa casa en El Durazno. El argumento utilizado: las tierras eran, a partir de la firma de la resolución, de interés público. Serían utilizadas para construir una escuela, un centro cívico, un centro de salud y un cuartel de bomberos, en una localidad que tiene apenas sesenta habitantes.
El argumento no les cerraba a los expropiados. Y por lo que ocurrió después, parece que tenían razón. Según relató a PERFIL el abogado de uno de los damnificados, Guillermo Domenicani, “en las 45 hectáreas que le quitaron a una de las familias sembraron soja. En otras 25 hectáreas de otro propietario levantaron un centro comercial. Y a mi cliente, Mario Escudero, lo desalojaron por la fuerza, lo procesaron por usurpar su propio campo y ya alambraron todo y empezaron a hacer una construcción. ¿Necesitan 222 manzanas para hacer cuatro edificios públicos? Lo que quieren hacer es un barrio exclusivo, alrededor de la mansión de Rodríguez Saá”.
