martes 21 de septiembre de 2021
POLITICA Tras 1.322 dias como imputado colaborador
23-11-2019 01:07
23-11-2019 01:07

Fariña renunció al programa de testigos protegidos para "hacer una vida normal"

En su paso por Py, negó que el resultado electoral haya incidido en su decisión de dejar la protección o que pueda alterar su testimonio en la causa que sigue la ruta del dinero K.

23-11-2019 01:07

En la mañana de ayer, Leonardo Fariña llegó a los tribunales de Comodoro Py para presentarse ante la Justicia y terminar de salir del Programa de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Apenas unas horas antes, el primer arrepentido de la corrupción K había pateado el tablero y empezado a dejar atrás el programa bajo el cual estuvo desde el 8 de abril de 2016.

Su ingreso al sistema tuvo lugar luego de una jornada de declaración maratónica, en el marco del caso por la denominada “ruta del dinero K”, en el que se convirtió en imputado colaborador tras brindar información a los investigadores del expediente en el que están involucrados, entre otros, Lázaro Báez y sus cuatro hijos, el financista Federico Elaskar, el abogado Jorge Chueco y el contador del clan Báez, Daniel Pérez Gadin.

Ayer, en declaraciones a los medios, Fariña aseguró que su decisión de abandonar el programa se debió a “cuestiones absolutamente personales”. En ese sentido, se refirió al estado de salud de su padre, y a su deseo de empezar a trabajar y “hacer una vida más normal”.

Fiel a su perfil, Fariña no eludió ninguna pregunta y también respondió cuando se le consultó por la polémica en torno al posible decreto para traspasar el programa al ámbito de la Justicia federal (ver recuadro). “No me gustó la posición en que quedé respecto del DNU (decreto de necesidad y urgencia), me lo endilgan a mí para tapar alguna irregularidad, cosa que no es así”, sostuvo. Al tiempo que admitió que “el tratamiento que se le dio” por parte de “cierto sector” de la prensa lo motivó “bastante” a tomar la decisión. Luego se refirió al resultado de las elecciones presidenciales de octubre y aseguró: “Mis declaraciones no se ven alteradas por el resultado de las urnas”.

Respecto del cambio de gestión, Fariña, de 33 años, también afirmó que “el conflicto de intereses que pueda darse entre el Ejecutivo y mi persona no es un argumento que me empuje a quedarme en el programa, pero no es el motivo”.

Al insistir en el deseo de emprender una nueva vida, lejos de la custodia que tuvo en los últimos tres años y medio, Fariña señaló que empezará a trabajar en el estudio jurídico de su abogado Rodolfo Herrera. Y que ya dejó el domicilio reservado que tenía asignado por el programa.

Fariña se convirtió en imputado colaborador en el caso el 8 de abril de 2016. Fue tras una declaración maratónica frente al juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan, en la que Fariña describió, con lujo de detalles, los movimientos en torno a la denominada “ruta del dinero k”.

Entonces se dio su ingreso al Programa de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Estuvo allí 1.322 días, en los que incluso vivió dos episodios confusos. Uno en febrero de 2017, en un presunto intento de robo del auto en el que se movilizaba, cuando estaba cenando en lo de un amigo, y en el que hubo más de cien balazos intercambiados entre sus custodios y los atacantes, uno de los cuales murió. El anterior había sido en octubre de 2016, cuando se denunció que un auto pasó junto al domicilio donde entonces residía Fariña y también baleó el vehículo de la custodia.

Del Ejecutivo a la Justicia

Leonardo Fariña era una de las más de 200 personas que están bajo la órbita del Programa de Protección de Testigos e Imputados, que se volvió objeto de una fuerte polémica en las últimas semanas. Fue por la decisión del Ejecutivo de sacarlo de su órbita (actualmente depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación) y trasladarlo a la Justicia, en vistas al cambio de gestión.

Desde el oficialismo explicaron que el traspaso es una deuda con quienes están en el programa y declararon contra el kirchnerismo, ahora que vuelve al poder. Ante el rechazo generalizado del Poder Judicial, que objetó la decisión del Ejecutivo y su plan de hacerlo a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), el traspaso quedó en stand by, pero el oficialismo buscaría completarlo en los próximos días, aun a sabiendas de que nunca se concretaría en la práctica.

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