El Gobierno Nacional volvió a defender su postura con respecto a la situación de la líder de la Tupac Amaru actualmente detenida, Milagro Sala, y por eso chocó con diversas organizaciones de Derechos Humanos que encabezadas por el presidente del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), Horacio Verbitsky, criticaron el "cinismo" con el que gobiernan en Jujuy, lo que desató una discusión con el fiscal de dicha provincia, Mariano Miranda, y luego Claudio Avruj, Secretario de DDHH.
En el marco de una audiencia en Washington en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se preveía discutir sobre la "criminalización de las protestas" tras las protestas que realizaron gremios azucareros, el CELS, abogados del Noroeste (Andhes) y otras entidades, terminaron discutiendo por Milagro Sala.
“Acá hay una intolerable situación de persecución en Jujuy contra toda forma de protesta por parte de un gobierno que quiere ser juez y parte”, dijo el titular del CELS, Horacio Verbitsky, quien denunció un “divorcio alarmante entre lo que se dice y lo que se hace: el discurso es de respeto a los derechos humanos, pero la práctica es represión y violencia”. Y agregó que "en Jujuy, la constitución nacional no rige. Rige la voluntad del gobernador de la provincia. Es el núcleo del problema".
En respuesta a ese planteo del CELS, Avruj ratificó que “no hay una disociación entre lo que planteamos, los objetivos que queremos lograr y lo que hacemos" e insistió con que "somos una sociedad respetuosa de sus derechos en el más amplio sentido”. "La Casa Rosada no tiene ningún interés en criminalizar la protesta social y está comprometida con el respeto a la libertad de expresión con los límites propios de un estado de derechos". Esa garantía, dijo, "no ha sido violada en Jujuy".
"El respeto de los derechos humanos es una cuestión dinámica que va planteando tensiones permanente", añadió Avruj, tras la audiencia, en diálogo con la prensa argentina.
Entre otros reclamos, los peticionantes plantearon que “se somete a los trabajadores a procesos penales por defender sus derechos laborales”, que se “condena a las organizaciones sociales que protestan y se suspenden sus derechos civiles y democráticos” y que el código contravencional aprobado en la provincia “vulnera el derecho a la protesta social”.
En defensa de la postura oficial, el fiscal Miranda sostuvo que en Jujuy “está garantizado el manifestarse públicamente y el derecho a peticionar” y que “no existe mecanismo legal ni de facto que criminalice la protesta social”.
"Jujuy está plenamente comprometida con el respeto de los Derechos Humanos" y en ese marco "orienta las políticas públicas implementadas por el gobierno" de Gerardo Morales, afirmó Miranda.
Y aseveró que pese a las denuncias que se llevaron hasta Washington "en ningún caso se hostigó a los referentes sociales".
Además, aclaró que en Jujuy durante 2016 se realizaron "1.191 manifestaciones de protesta", pero sólo se labraron actuaciones judiciales en el 0,75 por ciento de los casos, con lo cual destacó que "no hay una aplicación abusiva" de las normas.
Desde el Gobierno, también participó Ramiro Tizón, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura jujeña.
En tanto, las organizaciones peticionantes y solicitantes de la audiencia ante la CIDH fueron el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio La Esperanza de San Pedro (Soea, La Esperanza) y el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma de Jujuy (Soeail), además del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y Amnistía Internacional, entre otras organizaciones.
Nuevo programa de Justicia 2020. El coordinador general de Justicia 2020, Ricardo Gil Lavedra, presentó este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las iniciativas que conforman el programa de modernización judicial que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Gil Lavedra expresó que Justicia 2020 nació de una importante demanda social que exigía mejores respuestas de parte de las instituciones judiciales: “La corrupción reclama Justicia y la inseguridad reclama Justicia”, expresó.
En ese sentido el coordinador del Programa señaló que Justicia 2020 ha incorporado técnicas de Gobierno Abierto al diseño de políticas públicas en materia de Justicia: “Las discusiones se dan a través de una plataforma digital que generó un proceso participativo inédito, puesto que congrega aportes de instituciones gubernamentales, operadores judiciales, asociaciones civiles, ciudadanos y ONG”.
“Las reformas de la Justicia no son para los jueces, no son para los empleados, no son para los abogados, siempre son para los ciudadanos”, añadió Gil Lavedra.
