El ministro de Justicia, Germán Garavano, volvió hoy a reclamarle a la constructora brasileña Odebrecht información sobre el pago de coimas en Argentina, al advertir que "es la muestra de buena fe de que han dejado atrás estas prácticas", y cuestionó que "la Justicia local es la única que no avanzó en toda la región" sobre este caso.
"El Gobierno le está exigiendo que dé los nombres y que cuente qué es lo que pasó con el pago de sobornos" ya que, enfatizó, "sabe perfectamente qué paso, a quién le pagó y por qué lo pagó", afirmó el funcionario. "Este tema es algo que se está demorando de un modo vergonzoso. La Justicia argentina debe actuar con toda la fuerza", disparó el Ministro en declaraciones a radio Mitre en referencia a la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó.
La Procuradora General de la Nación, criticó, en una entrevista con PERFIL, al ministro Garavano y le advirtió que no filtre la información sobre el caso, obtenida hace algunas semanas cuando viajó a Estados Unidos en busca de datos. La funcionaria señaló que "la puerta para conseguir pruebas del pago de sobornos de la constructora brasileña no está cerrada", y se refirió también a que "hay injerencias porque está bajo la lupa la actuación de personas vinculadas al poder político”.
En este sentido, Garavano consideró que, "frente a la inacción de la Procuración, a cargo de todos los temas de corrupción", la primera quincena de julio volverá a viajar a los Estados Unidos junto a funcionarios de su cartera "para intentar acceder a la información".
En las últimas horas, el juez federal Sebastián Casanello libró exhortos a Estados Unidos, Suiza y Brasil para avanzar en la causa que investiga el supuesto pago de coimas de Odebrecht relacionado con la construcción de una planta potabilizadora de agua de AySA durante el kirchnerismo.
Por su parte, Garavano fue denunciado junto al presidente Mauricio Macri, y la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, por presuntos delitos en el acuerdo con Odebrecht y por respaldar la ley de responsabilidad empresaria, al entender que detrás de ese acuerdo está la protección a familiares y allegados del jefe de Estado.
