La jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordenó al Ministerio de Seguridad de la Nación que de “forma inmediata” se retire a la Gendarmería de los operativos antipiquetes en la autopista Panamericana, donde desde junio pasado suelen manifestarse personas vinculadas a la autopartista Lear, trabajadores y militantes de izquierda.
La Gendarmería protagonizó diversos episodios violentos para desalojar a los manifestantes que realizaban cortes en la Panamericana en reclamo de la reincorporación de trabajadores de la empresa Lear. El último ocurrió hace dos semanas cuando dispararon balas de goma a las personas que se manifestaban en el lugar, entre las cuales se encontraba el diputado nacional Nicolás Del Caño, del Partido de los Trabajadores Socialistas y Frente de Izquierda, quien fue alcanzado por uno de los disparos.
A raíz del incidente, Del Caño junto a la abogada Myriam Bregman realizaron una presentación ante la jueza Arroyo Salgado, del juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro número 2, quien concluyó reemplazar a Gendarmería por otra fuerza federal con "capacidad de diálogo y contención", según informó el diario La Nación.
El conflicto en Lear empezó el 27 de mayo pasado, cuando la compañía suspendió 330 trabajadores por una supuesta caída en la producción, decisión que fue denunciada por los delegados ante el Ministerio. El problema empeoró cuando se ratificó la suspensión de 200 empleados, sin goce de sueldo, y el despido de cien más el 27 de junio.
Desde junio los empleados de la empresa estadounidense realizaron varios cortes en la colectora de la autopista Panamericana, a la altura de la localidad bonarense de General Pacheco, partido de Tigre, en protesta por los despidos. Los trabajadores y militantes de izquierda reclamaban la reincorporación de operarios despedidos y la finalización de las suspensiones.
El reclamo llegó hasta el Ministerio de Trabajo de la Nación. Se lograron varias reincorporaciones, pero aún quedarían 35 trabajadores más.
La jueza Arroyo Salgado pidió que la fuerza que sea asignada a los operativos antipiquete tenga "capacidad de diálogo y contención a fin de evitar futuras escaladas de violencia que agraven la conflictiva ya existente con fuerte impacto político y social", según consignó La Izquierda Diario.
