A un día del fallo de la Corte Suprema sobre los aumentos de tarifas, la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó emitió su dictamen no vinculante en el que falló a favor de confirmar la sentencia que frenó los aumentos en las tarifas de gas.
En el documento Gils Carbó criticó que no se hayan realizado las "audiencias públicas obligatorias". Opinó asimismo que “el Estado debe garantizar el acceso al servicio básico para la continuidad de la actividad económica”.
La Procuradora consideró que la falta de audiencia pública "restringió los derechos constitucionales de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores".
El dictamen señala que, si bien es facultad del Ejecutivo definir la política pública en esta materia, "el control judicial debe garantizar que su implementación se realice de acuerdo al marco legal vigente y sin afectar derechos humanos y fundamentales vinculados a la accesibilidad al gas".
Gils Carbó también estimó que correspondía rechazar el planteo del Estado Nacional según el cual las normas cuestionadas fueron dictadas en el marco de las leyes de emergencia, sobre cuya base el Ejecutivo dispuso que la audiencia solo regía para la Revisión Integral de Tarifas y no para aumentos transitorios. La Procuradora General consideró que estas leyes “lejos de entender que la celebración de audiencia pública obstaculiza la renegociación, la concibieron como una herramienta útil” para proteger “el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios”.
Gils Carbó recomendó en resumen a la Corte Suprema de Justicia ratificar el fallo de la Cámara Federal de La Plata que suspendió la suba de tarifas de gas en todo el país.
