Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques en los próximos días solicitarán al juez federal Julián Ercolini que cite a indagatoria la indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos, Máximo y Florencia, por lavado de dinero en la causa Hotesur. Para los funcionarios judiciales la familia presidencial armó un negocio hotelero para lavar dinero que recibía del empresario santacruceño Lázaro Báez, máximo beneficiado en la obra pública durante el kirchnerismo (52 contratos por 46 millones de pesos).
La sospecha de los fiscales es que el dinero que se ingresó de los hoteles ubicados en la Patagonia propiedad de la familia Kirchner parecía lícito pero que en realidad tenía un origen ilícito, ya que provenía de Baéz que lo había obtenido de la obra pública que recibió por parte del matrimonio presidencial, es decir, de un delito previo.
A su entender, estos hoteles fueron el modo de blanquear los pagos que el empresario santacruceño hizo a la familia Kirchner. Según informaron fuentes judiciales a Clarín, los fiscales creen que Baéz fue quien les prestó a Néstor y Cristina el dinero para comprar los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea y también fue quien pagó mensualmente un alquiler para que una de sus empresas, Valle Mitre SRL, explotara los tres establecimientos. Según las auditorias, se transfirieron $27.592.110 desde 2009 a 2013 en concepto de renta.
Sin embargo, en esta maniobra de lavado hubo dos etapas. La primera fue llevada a cabo por Néstor, Cristina y Máximo, ya que Florencia ingresó a la operatoria luego que falleciera su padre.
Pollicita y Mahiques también pedirán la indagatoria de Lázaro y Martín Báez y otras 17 personas que habrían colaborado de el entramado empresarial, entre otros, Víctor Manzanares (contador de los Kirchner), Osvaldo Sanfelice (administrador de los hoteles) y Romina Mercado (presidenta de Hotesur).