En la carta en la que anuncia que se negará a recibir alimentos y atención médica, el exministro de Planificación del kirchnerismo Julio De Vido asegura que fue objeto de una "despiadada persecución" de parte de "los tres poderes del Estado" desde 2015 y que desde entonces se violaron sus "derechos constitucionales" en un plan en el que participaron jueces, fiscales, periodistas y agentes de inteligencia.
Este es el texto completo de la carta:
"Sr. Director de la UPF Nro. 31:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos de informarle que como medida de protesta y reclamo a raíz de la violación de mis derechos constitucionales de igualdad ante la ley y presunción de inocencia desconocidos en las resoluciones judiciales en mi contra, de que he sido objeto en las causas en las que se me han armado en el marco de la feroz y despiadada persecusión que he sufrido desde el 10-12-2015 por parte de los tres poderes del Estado, con privación ilegítima de la libertad desde el 26-10-2017, a partir del día de la fecha me negaré, en principio, a recibir los alimentos que me suministra el SPF en esta UPF Nro. 31.
Reclamo mi inmediata excarcelación en el marco de lo dispuesto por la resolución de la comisión Bicameral de Monitoreo y Seguimiento de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, como así también, reclamo la revisión de todas las causas armadas en mi contra en base a peritos truchos, viciados de parcialidad e incluso procesados en trámite confirmado de juicio oral por falso testimonio en sus informes como Cohen, además de la falsedad y animosidad como los del perito Brito y el perito Bona, todos coordinados por los jueces y fiscales intervinientes, casi sin excepción, articulados y conducidos por servicios de inteligencia nacionales y extranjeros como D’Alessio y por el grupo Clarín con periodistas como Santoro, actualmente procesado por dicha causa, al igual que el agente de la DEA y de la CIA, D’Alessio, los que en su accionar sinérgico impulsaron esta estigmatización y persecución mediática y judicial contra mí y todos mis compañeros presos políticos y empresarios nacionales que se negaron a ser extorsionados a través de un falso arrepentimiento que derivados de estos engendros procesales y pseudo jurídicos propios del más repugnante totalitarismo autoritario.
Persistiré en esta medida e incluso la profundizaré de no revertirse esta injusta situación, que resulta desde hoy intolerable en el marco de un gobierno votado por la inmensa mayoría del pueblo argentino como nacional y popular.
Asimismo, informo al Sr. Director, que a partir de la fecha me negaré a ser trasladado fuera del penal a realizar ninguna pericia médica en relación al otorgamiento de una excarcelación y/o prisión domiciliaria en subsidio que no he solicitado por razones de salud sino en cumplimiento de lo dispuesto por la Comisión Bicameral de monitoreo seguimiento de la aplicación del Código Procesal Penal de la Nación, dado que dicha disposición no lo requiere”.