La compra de autos ingresados irregularmente al país con franquicia diplomática implicó una gran ventaja para los propietarios de los lujosos vehículos: el ahorro de pesadas cargas tributarias. Es que importar un auto de lujo al país implica pagar, entre impuestos internos y aduaneros, un sobrecosto del 78 por ciento sobre el valor original del vehículo, según expertos del comercio automotor.
Al 35 por ciento que debe abonar de arancel cualquier automóvil fabricado fuera del Mercosur, hay que agregarle un 21 por ciento al Impuesto al Valor Agregado (IVA). Además, hay que pagar el 3 por ciento de anticipo de Ingresos Brutos; 3 por ciento de tasa estadística; y un 5 por ciento adicional, entre tasa aduanera y el costo de despacho a plaza, según informa hoy el diario El Cronista.
Pero además, si la suma del costo del vehículo y el pago de los aranceles es superior a los $140.000 – como sucede con todos los autos investigados por el escándalo diplomático- se cobra otro 10 por ciento en concepto de “impuestos internos”. Por último, la inscripción en el Registro de Propiedad Automotor tiene un costo del 1 por ciento del valor del vehículo.
La ley prohíbe importar unidades usadas, salvo excepciones: una de ellas es que sean propiedad de ciudadanos extranjeros en misión oficial en el país (embajadores y diplomáticos). Otro beneficio para los infractores.